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Hace 22 años fue asesinado Manuel Cepeda, dirigente político de la Unión Patriótica

Bogotá, agosto 10/16. Este martes 9 de agosto, a 22 años del asesinato de su padre Manuel Cepeda Vargas, el congresista Iván Cepeda Castro pidió al Congreso de la República que se construyera una placa en homenaje a su padre, como también a todos los integrantes de la Unión Patriótica, partido político exterminado por una colaboración entre paramilitares y agentes del estado entre finales de la década de los 80 y principios de los 90.

Un año antes de ser abatido, el entonces Senador había denunciado un plan, llamado ‘Golpe de Gracia’ para asesinarlo a él y a otros dirigentes y militantes de la izquierda. La Unión Patriótica, efectivamente, fue exterminada. Cepeda fue el último congresista del movimiento hasta su resurgimiento político en 2013.

El 9 de agosto de 1994, Cepeda fue asesinado por dos sargentos del Ejército Nacional (Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador) con complicidad de paramilitares, quienes le dispararon mientras se desplazaba en su vehículo en el occidente de Bogotá.

Cepeda era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras las múltiples denuncias ante el estado colombiano de amenazas en su contra.

“El senador Cepeda Vargas fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba, por el contexto general de violencia contra la UP y PCC, por ser dirigente político y senador por esos partidos. En este contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda”, manifestó en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2014, la Fiscalía General de la Nación declaró el asesinato de Cepeda Vargas como un crimen de lesa humanidad, cometido en el marco del exterminio político de la Unión Patriótica, una deuda histórica del estado colombiano con la justicia y con la verdad.

Cerca de 5mil integrantes del movimiento fueron víctimas de violaciones a derechos humanos: desplazamiento, exilio, amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos. Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de militantes de base fueron exterminados de manera sistemática.

El hoy Senador Iván Cepeda Castro, manifestó que el homenaje a su padre y a las víctimas de la Unión Patriótica es un acto de paz y reconciliación: “este acto simbólico tiene el objetivo de mostrar el compromiso del Congreso de la República y del Estado colombiano de contribuir a la paz, a la reconciliación y a la preservación de la memoria histórica, y a brindarles todas las garantías, tanto a la oposición como a las minorías políticas en nuestro país, y de velar para que nunca más se silencie a un movimiento político o se use la violencia contra él”, declaró.

ivanmanuel

Foto tomada de capsulasdememoria.blogspot.com

19 años después, padre Gabriel Izquierdo recuerda asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado

Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, defensores de los derechos humanos y abanderados en la lucha por el medio ambiente, fueron asesinados el 19 de mayo de 1997.

El crimen, junto con toda la oleada de violencia que vivió el movimiento social, los defensores de derechos humanos y los activistas de izquierda en los años 90, fue perpetrado por paramilitares en colaboración con agentes del Estado. De acuerdo con declaraciones del ex jefe paramilitar conocido como ‘Don Berna’, el asesinato fue ordenado por Carlos Castaño con ayuda del coronel, hoy en retiro, Jorge Plazas Acevedo.

El padre jesuita Gabriel Izquierdo, compañero de Elsa y Mario en el CINEP, recuerda hoy, 19 años después, la lucha, el valor y el trabajo de los dos defensores asesinados en entrevista con el diario El Espectador.

Reproducimos a continuación la entrevista

¿Qué estaba pasando en el país cuando asesinaron a Mario y Elsa?

Eran años de un crecimiento enorme del paramilitarismo. Se habían tomado la zona del norte del país, donde queda Chocó y el Urabá, y estaban en la brega de tomarse territorio más hacia el sur. Además, se habían tomado todo el negocio de la coca y adquirieron un poder altísimo. En ese momento empezaron a aumentar las muertes de líderes, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Cuando comenzó el escalamiento de la violencia yo era el director del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Teníamos un equipo enorme, de unas 100 personas, trabajando por un país más igualitario y enseñándole a la gente a vivir con dignidad. Pero además, se estaba evidenciando la escandalosa relación entre los militares y los paramilitares. Ante esto, los gobiernos demostraron una enorme indiferencia. El mensaje que recibíamos de ellos era que si nos mataban, pues era por algo. Era una situación realmente dolorosa desde todos los puntos de vista.

El CINEP fue el punto de encuentro entre usted y Mario. Pero también el lugar donde se conocieron Calderón y Elsa Alvarado.

En esa época éramos el centro más grande de trabajo social, de investigaciones y defensa de los derechos humanos del país. Estaba compuesto de gente comprometida con el trabajo popular. Mario era sacerdote jesuita, después de trabajar muchos años en Tierralta (Córdoba), y por problemas de seguridad, lo sacaron de la zona y llegó a Bogotá. Entró a trabajar en temas de medioambiente. Era un hombre sin leyes, pero dispuesto, como el viento, a ayudarle a todo el mundo. Elsita, por su parte, era una mujer especializada en medios de comunicación y fue quien se encargó de editar nuestras revistas y publicaciones. Ahí fue que se conocieron. Ellos dos, junto con otros amigos, crearon en la zona de Sumapaz un centro en donde se dedicaron a proteger las fuentes de agua que llegaban hasta Bogotá. Ambos estaban comprometidos con la defensa de los derechos humanos y el CINEP fue fundamental para que lo lograran.

Pero su participación en el Centro también les ocasionó muchos problemas...

A todos. Un miembro de las Fuerzas Militares nos acusó de ser auxiliadores de la guerrilla. Una gran mentira. En una reunión de cabecillas paramilitares habían sentenciado a muerte a varias personas del CINEP. A Mario y a Elsa lo único que les importaba era reivindicar los derechos de las personas más necesitadas. Nada más.

¿Cómo se enteró de que habían asesinado a Mario Calderón y Elsa Alvarado?

Fue terrible. Yo estaba muy triste porque el día anterior había muerto un cuñado que quise mucho. Ese día me levanté muy temprano para preparar la misa. Hacia las 6 y 30 de la mañana me llamó un mensajero del CINEP y me contó. Para nosotros fue un choque. Siempre que uno piensa en eso se me desbarata el corazón. (Cuando el padre Izquierdo dice que se le desbarata el corazón, es literal: llora sin consuelo). Yo no puedo dejar de llorarlos. Sobre todo cuando pienso que lo único que estaban haciendo era un bien. Perder a un amigo es de las peores cosas que me han pasado en la vida. Yo no sólo perdí a Mario en esta lucha: a mí me han matado 34 amigos. Es tan doloroso como absurdo. Por eso me causa tanto dolor pensar en los colombianos que quieren que nos sigamos matando.

Como director del CINEP, ¿qué medidas tomó para proteger a su gente después del asesinato de Mario y Elsa?

Una de las primeras cosas que hice fue concretar una reunión con Carlos Castaño, porque mi preocupación era el bienestar de los miembros del CINEP, pero también me parecía importante expresarle a todo el mundo que íbamos a seguir. Logré concretar una cita con Castaño, con la ayuda de varios religiosos de la zona de Chocó.

¿Qué le dijo?

Nos encontramos en un lugar entre Valencia y Tierralta (Córdoba). La reunión fue en una especie de gallera que había adecuada como sala de juntas. Me sorprendió que cuando llegué, había gente conocida: un antiguo javeriano y una señora, creo que era Sor Teresa, que era de las personas más poderosas en contra del CINEP. En un momento me quedé solo con ellos. . Les dije: ‘Yo vine aquí para explicarles por qué trabajamos en derechos humanos, pero también porque quiero que me digan si ustedes mataron a mis amigos’.

¿Qué le respondieron?

No contestaron con claridad y varios hicieron alusiones de que sabían de qué les estaba hablando. Castaño me aseguró que ellos no tenían nada que ver con esas muertes. Pero ellos sí estaban involucrados. Ellos fueron los que llamaron a Don Berna para que mandaran a los hombres de La Terraza para que apretaran el gatillo. Nos pasaron un tamal y no me lo pude ni comer de las náuseas que tenía.

¿Es verdad que Carlos Castaño le confesó que lo querían matar a usted en lugar de Mario y Elsa?

No es verdad. Yo no era el objetivo de esa operación. Carlos Castaño no me dijo eso. Pero si me lo hubiera dicho, le habría pedido que me matara a mí. Yo no soy ningún héroe, pero sí hubiera deseado que acabaran conmigo y que no le quitaran sus papás a Iván (el hijo de Mario y Elsa). Además, años después le pregunté al fiscal que llevaba el caso que por qué no me habían matado a mí, si yo tenía un perfil mucho más grande que Mario y Elsa. Él me explicó que su objetivo era aterrorizar a las personas que estaban trabajando en la base en materia de derechos humanos.

¿Qué significó la muerte de Mario y Elsa?

La muerte de cualquier persona es irreemplazable. Cuando son amigos el dolor es más profundo. Pero al mismo tiempo, esta situación nos llenó de orgullo porque ellos murieron sencillamente por defender a los derechos humanos. No los mataron por ser narcotraficantes, ni paramilitares o por estar desplazando campesinos. Todo lo contrario. Los mataron porque precisamente estaban enseñando cómo vivir con dignidad. Eso nos llenó de ganas de seguir luchando.

Antes de que lo asesinaran, ¿Mario le contó sobre amenazas?

No. Yo hablaba mucho con Mario. En ese momento, yo estaba preocupado porque él se la pasaba en la zona de Sumapaz y allí había una alta presencia de la guerrilla. Dos semanas antes de su asesinato, a Mario lo pararon en un retén militar y le hicieron muchas preguntas sospechosas. Eso nos preocupó mucho. Uno duda del papel que cumplió el Ejército en su asesinato. Hasta el día de hoy, no sabemos con certeza qué pasó ese día. Pero esperamos tener una respuesta pronto.

¿Usted perdona a las personas que mataron a sus 34 amigos?

Yo no quiero vengarme. Tampoco siento odio por nadie. Por eso no siento la necesidad de perdonar. Yo lloro, solamente, la pérdida de mis amigos. De los 34. Lo que sí me angustia es que no seamos capaces de dar un paso adelante y dejar 50 años de guerra atrás. No puede ser que vayamos a volver a la época de los años 90 cuando nos mataban a todos y seguido. Antes de Mario y Elsa, fue Eduardo Umaña, después Jesús María Valle y Jaime Garzón. Eso no puede ser.

¿Por qué cree que vale la pena recordar la vida de Mario y Elsa?

Para entender lo absurdo que es el mal y el sinsentido del odio. Si nosotros no logramos aprovechar esta oportunidad de dejar de matarnos, estamos absolutamente perdidos. Porque Mario, Elsa y su papá, Carlos, eran tres colombianos, comunes y corrientes que intentaban hacer un país mejor y que dieron su vida en medio del absurdo de nuestra guerra. La paz no es un embeleco de unos idiotas, sino la única manera de seguir viviendo como colombianos.

El último periodista que murió enfrentando a la mafia de Urabá

El último periodista que murió enfrentando a la mafia de Urabá

Texto original de David González para Las Dos Orillas

La vía para llegar a uno de los nidos de la banda criminal más violenta de Colombia está adornada con cerezos y manzanos de flores rojas y extensas praderas que terminan en el vaivén ruidoso del mar Caribe. Es un camino bien pavimentado, bien iluminado. No hay mucho tráfico, algunos buses maltrechos y las camionetas de alta gama de los bananeros y de los narcos del Urabá.

Arboletes es el primero de esos pueblos que hace parte de la esfera de influencia de Los Urabeños. En este pueblo los paras tienen tanto poder que se robaron un volcán, uno de lodo que nace a orillas del mar. “El Oso”, el hermano bobo de Pablo Escobar, lo compró al municipio alguna vez. Luego pasó de mano en mano; hoy nadie sabe quién es el dueño.

El 28 de junio, el mismo día que Colombia derrotó a Uruguay en el mundial de Brasil, Carmenza regresaba a su pueblo luego de dos años de haberlo dejado para siempre. Vestía un vestido blanco costeño debajo de un pesado chaleco antibalas de la Unidad Nacional de Protección. Allí, escondida en una van de servicio público, entregaba unas placas a líderes del pueblo: “En homenaje a Luis Eduardo Gómez”.

Carmenza, una mujer de 65 años, delgada, de pelo blanco y gris, amenazada por Los Urabeños y sin un peso en el bolsillo, había conseguido de donde no tenía para donar cerca de $10 millones en instrumentos musicales a las casas de la cultura de Arboletes y  Necoclí.

—Para que cuiden los talentos que tienen en Urabá, que estos niños piensen en notas musicales, en lugar de violencia— repetía Carmenza.

El padre del periodismo de Urabá

Luis Eduardo Gómez se fue a hacer periodismo al Urabá cuando la zona no era más que un olvidado pedazo de tierra del norte de Colombia. No había vías y pocos se atrevían a viajar a ese confín del mundo. Luis, periodista bogotano del diario El Espectador, conoció a Carmenza en un paro de tractomulas a mediados de los 60, cerca de Facatativá. Se enamoró y se la llevó a vivir a Turbo.

Con el paso de los años, él se convirtió en el padre del periodismo en Urabá. Fundó radios comunales, revistas de turismo, colaboró en la creación de los periódicos de Apartadó. Vivió el crecimiento de las haciendas bananeras en las tierras de los Cunas y los Emberá-Katío, el surgimiento de los movimientos obreros, de los sindicatos, de las guerrillas: las FARC, el EPL y el ELN.

Cuando nació su primer y único hijo, Juan Pablo Atahualpa Gómez, a comienzos de los 80, las avionetas de los narcos empezaban a  surcar los  cielos del Urabá. El golfo era un punto geográfico estratégico para sacar la droga. Con los narcos se consolidaron los ejércitos privados, y Carlos Castaño fundó sus Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU). Las masacres estuvieron a la orden del día y se extendieron desde Apartadó a través de las tierras ganaderas de Córdoba hasta el resto del país.

Luis Eduardo y Carmenza dejaron Turbo y se fueron a vivir a Arboletes. El periodista daba talleres de periodismo, fue el gestor de las semanas culturales del Urabá y promocionó las fiestas bananeras. En Arboletes fundó Urabá Limitada en 1981, una revista que tuvo 14 ediciones y que dejó de publicarse por amenazas de los paramilitares.

Luis era el periodista referente del Urabá. Su hijo, que había estudiado diseño gráfico en Medellín, ayudaba con la diagramación y la fotografía de las publicaciones. Doña Carmenza, paisa por adopción, vivía de vender toda clase de productos: lodo volcánico para la artritis, frutas para la diabetes…

Para el 2003, luego de la desaparición de Carlos Castaño, Fredy Herrera ‘El Alemán’ se convirtió en el nuevo mandamás. El exayudante de un camión cervecero era ahora el jefe del temido bloque paramilitar Elmer Cárdenas de las AUC. El Alemán, en proceso de entrega de armas, había construido un ambicioso proyecto político: “Urabá Grande, unido y en paz” que había permeado con el dinero del narcotráfico a todos los políticos de la región.

Para entonces, la barba bíblica de Luis Eduardo ya le cubría el pecho. Gómez empezó a denunciar el robo del volcán de lodo, decía que era del municipio, acusó a los políticos locales de robarse los terrenos del aeropuerto, de desviar los recursos públicos. En sus ratos libres enseñaba a los más jóvenes a caminar en zancos, a hablar bien en radio, a tocar la guitarra.

En 2006, ‘El Alemán’ se desmovilizó en el proceso de Santa Fe de Ralito. Los amos y señores del Urabá, ricos ganaderos y empresarios paramilitares que habían calado bien en las élites de Montería,  pasaron la antorcha a los pistolocos, antiguos sicarios de los paras, como nuevos jefes. La situación no podía ser peor. A finales de 2009 todo el Urabá estaba cooptado por una nueva red criminal que en sus comienzos se hizo llamar las Autodefensas Gaitanistas, pero que después fue conocida simplemente como Urabeños.

En esta mafia, los grandes comandantes del paramilitarismo, ya extraditados a Estados Unidos, mantienen su poder en cuerpo ajeno, en la tercera persona de lavaperros que vienen del inframundo. Aún así el riesgo para algunos se alivia. Un periodista de Montería me contó: “Los nuevos paras no se meten con nosotros, son gente de abajo, resentidos de los que tienen poder. Mientras no hablemos de ellos, no amenazan. A diferencia de los Mancuso y los Jorge 40, que eran la misma élite política”.

Juan Pablo Atahualpa Gómez, el hijo de Luis y Carmenza, se había mantenido al margen de esa violencia. Era un muchacho tranquilo, buen dibujante y mejor camarógrafo. Como cualquier joven de Arboletes, llegó a la edad donde no podía seguir al margen del conflicto. Le empezaron a mandar mensajes de que tenía que colaborar con los paras, le ordenaban que si no iba a entrar debía dar su moto en compensación. Él los ignoró.

El 21 de agosto de 2009, a las 3 de la tarde, lo llamaron a su celular. La voz no se identificó y lanzó una advertencia: “Cuídese, lo van a matar”. Él salió en su moto a recoger a su mamá al barrio Miramar, a unas pocas cuadras de la estación de Policía. Arboletes en realidad no es más que un par de cuadras mal pavimentadas a orillas de una playa lodosa.

Carmenza se sentó detrás de su hijo y lo abrazó por la cintura. A las siete de la noche, dos hombres con pasamontañas les bloquearon el camino. Sin mediar palabra le dispararon tres tiros a Juan Pablo. El joven murió ahí, en brazos de su mamá.  El diario El Propio, un periódico del Urabá, titularía al día siguiente: “Lo mataron por envidia”. Años después la Fiscalía determinaría que Juan Pablo fue asesinado por criminales comunes y que su caso no sería tenido en cuenta en la ley de víctimas.

Los manuscritos de Luis Eduardo

La muerte de su único hijo dejó a los viejos Luis Eduardo y Carmenza en estado de parálisis. Su círculo de amigos se cerró y a pesar de las muestras de solidaridad, nadie quería hablar del tema.

Dejarse vencer por el miedo es una forma de supervivencia, a eso algunos periodistas de Montería lo llaman “periodismo sano”. Un periodismo que no incómoda, que se dedica a las alabanzas y a las fotos sociales. Cualquiera que haya respirado el miedo que circula por las calles de Arboletes sabría que esa era la única forma posible de periodismo. Cualquiera, menos Luis Eduardo.

El viejo de 69 años decidió investigar la muerte de su hijo, su agenda de apuntes era su única arma. Él necesitaba nombres propios, motivos.

En sus libretas anotó cientos de placas de motos y sus dueños. Se volvió un observador de cualquier movimiento extraño, escribió cada crimen que registraban los medios y le dio contexto a cada dato. Entre el 14 de agosto de 2009, la fecha de la muerte de su hijo, hasta el 30 de junio de 2011 develó en sus cuadernos las entrañas de la mafia que los gobernaba.

En sus apuntes habla de galleras de mala muerte, de congresistas apoyados electoralmente por  cientos de millones untados de sangre. “En cada municipio de Urabá ‘El Alemán’ colocó $150.000.000 que repartieron en efectivo el día de elecciones”, se lee en su cuaderno.

También habla de empresas fachadas de los negocios ilícitos y lugares frecuentes de reunión de los bandidos. “Gran parte de los negocios locales con zoocriaderos (cocodrilos, babillas), piscifactorías y similares, se prestan para encubrir el movimiento de la coca. El encubrimiento se facilita porque hay un movimiento constante de camiones, jaulas y personas entre las factorías y los puertos”.

El periodista también registró cómo los paras se habían tomado el presupuesto de la salud. “En Arboletes, la anterior y la actual administración municipal entregó y entrega a “los paras” el 40% del presupuesto a través de las secretarías de Salud, Educación y el hospital”.

Identificó a los protagonistas de esta red criminal, algunos ya muertos, otros en prisión, muchos otros disfrutando de sus riquezas. Habla de funcionarios públicos corruptos, de Diana Garrido, actual alcaldesa por el partido de la U y de sus presuntos vínculos con ‘El Alemán’. De un alias ‘Juan Diego’, cuarto Comandante del Bloque y  dueño de la IPS ORSALUD, una empresa fachada que recibía parte del presupuesto de la Salud.  En Arboletes los últimos tres exalcaldes están presos por parapolítica.

“El comandante de campaña de las Águilas Negras que actuó desde hace cuatro años como director de tránsito de Arboletes, es ahora el terror de los martirios para hacer cantar y torturar en el patio de su casa que está pegada al hospital con dos perros pitbull, asesinos”. El paramilitarismo había triunfado en Arboletes.

El periodista describió que el nuevo cartel se dividió el territorio y en Arboletes le tocó al ‘Tiburón’, “uno de los principales asesinos de Los Urabeños, antiguo comandante del grupo Águilas Negras con sede en Arboletes.”

En esta radiografía caótica del cartel, Gómez dio con el asesino de su hijo. “La lista parcial de personas relacionadas con el asesinato de Juan Pablo: Alias El Tiburón, El Zarco, Camilo. Camilo es señalado como el autor intelectual y celebra la muerte de Juan Pablo públicamente en las playas de Arboletes.”

En el fondo el periodista no solo quería ver al asesino de su hijo tras las rejas, sino que el Urabá fuera lo que alguna vez fue. “No quise aceptar el desplazamiento. He tenido miedo y (me) he sentido muy solo.”

Esas fueron las últimas palabras que escribió. Luis Eduardo Gómez recién había cumplido 70 años cuando fue asesinado el primero de julio de 2011, dos años después de la muerte de su hijo.

Aquí matan humanos como animales

Era de noche y Luis Eduardo caminaba de regreso a su casa junto con Carmenza. Al pasar por una cancha de fútbol, dos adolescentes se acercaron por detrás. Carmenza, mucho tiempo después recordaría el estruendo de las balas, lo recordaría con la pólvora decembrina o con el sonido de las ambulancias. Vería el rostro de su esposo muerto, su compañero de tantos años, cada vez que pestañeara, en medio de sueños y en la cara de otros viejos que caminaban las calles de la ciudad que luego la acogería en su desplazamiento.

A finales de 2013, la Policía capturaría a un secuaz del ‘Tiburón’, alias ‘El Escamoso’. Luego lo presentaría como el asesino del periodista y un hombre de confianza de ‘El Alemán’. Gómez en sus manuscritos había escrito premonitoriamente sobre quién lo mataría: “El Escamoso sigue libre, pese a tener cinco o seis boletas de captura. Habitualmente está en el municipio de Caucasia, sede central de los paracos.”

Contrastar la información encontrada en los archivos de Gómez es un acto de kamikaze. Una fuente me advirtió mientras cotejaba los datos  en Arboletes: “Vea le doy un consejo, no se meta a averiguar esos temas. Usted esta joven ¿Tiene hijos? ¿Un perro? pues piense que acá matan humanos como si mataran a cualquier animal.”

En Necoclí la temperatura puede llegar a los 40 grados centígrados. El aire es húmedo y pegajoso, como la brisa que exhalan carbones hirvientes de un volcan. Así mismo es su gente, alegre, visceral e intensa.

Esa tarde, la misma del triunfo de Colombia a Uruguay, Carmenza, la unica sobreviviente de la familia Ruiz, regresaba a escondidas a su tierra. Una veintena de niños y madres de familia la esperaban en la Casa de la Cultura. La mujer que lo había perdido todo, que un par de días antes deambulaba por autopistas extrañas como cientos de desplazados, con procesos judiciales debajo del brazo y cicatrices que no podía mostrar, había conseguido recursos para devolver la música a Arboletes y Necoclí.

Carmenza no es una mujer que hable demasiado. Atravesar los cientos de escudos que ha construido para superar el dolor no es una tarea fácil.

Luego de la muerte de Luis Eduardo, Carmenza tuvo que huir de Arboletes. Tanquetas de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección la sacaron escoltada. Luego la tiraron en medio de la ciudad. Años después apenas si ha sido reconocida como víctima por la Unidad de Víctimas. El presidente Santos  en una bonita ceremonía en Bogotá dejó que Carmenza lo acompañara del brazo por el medio de un lujoso salón y pare de contar, el resto fue un papeleo interminable.

Carmenza pasó los días deambulando entre entidades estatales con carpetas de procesos judiciales sin concluir, certificados que evidenciaban que a ella los paras le habían matado la familia y un par de revistas de las que escribió Luis Eduardo en vida.

Como había perdido cualquier motivación para vivir, tuvo que inventarse unas nuevas. La primera era que en el Urabá honraran a su familia. Y lo logró sin ayuda del Estado.

Consiguió recursos, habló con gente que conoció a Luis. Con la plata compró $10 millones en música, un par de baterías, acordeones, unas gaitas. Mandó hacer una docena de camisetas blancas con el nombre de Luis Eduardo  y de su hijo y unas placas de bronce. Contactó a los directores de la Casa de la Cultura de los dos pueblos y les llevó los regalos.

El día de la entrega, los niños hicieron una presentación especial para Carmenza. Tocaron un par de vallenatos con sus nuevos instrumentos. Anochecía, el cielo era naranja y al fondo el Atlántico lavaba las playas oscuras. Carmenza se dirigió a los niños y les contó sobre Luis Eduardo, sobre su hijo que tocaba la guitarra, les pidió que no dejaran de hacer música.

Luego en el bus que nos llevaba a Montería, horas después de haber entregado las placas con el nombre de su esposo y de su hijo, le pregunté: “Doña Carmenza, ¿y ahora qué sigue?”

Ella, aún con el chaleco antibalas que le apretaba el pecho, se quedó pensando y contestó: “Cosas son las que tengo, de pronto algo por los viejos de Antioquia. Por alguna razón me dejaron viva”.  A lo lejos, bien atrás quedaba Arboletes como sombras y luces rojas en medio del Caribe.

David es docente universitario, director de La Otra Orilla y exasesor de la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP). Anda en Twitter como @davo_gonzalez

Lea aquí el texto original de Las Dos Orillas

En firme la condena al ex General Uscátegui

Bogotá, Junio 11/14. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria al ex General Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán. Los hechos, ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en Mapiripán, Meta, fueron perpetrados por paramilitares, sin embargo, el ex General está condenado por omisión impropia al no haber actuado para proteger a la población.

De acuerdo con la sentencia, Uscátegui “incumplió el deber de protección a la población civil pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la Constitución Política a los miembros de la Fuerza Pública". Sin embargo, la Corte niega que el general haya sido aliado de los paramilitares que cometieron la masacre.

El General alega no haber tenido conocimiento sobre la presencia de grupos paramilitares en la zona y afirma que durante los hechos no tenía responsabilidad ni mando operacional sobre las tropas de la zona. Sin embargo, la sentencia ratificó que en su calidad de Comandante de la VII Brigada del Ejército, Uscátegui "tenía mando operacional sobre el Batallón de Infantería Joaquín París, el más cercano al lugar y cuyo comandante, el entonces Mayor Hernán Orozco Castro, le informó oportunamente la toma violenta del municipio de Mapiripán por parte del grupo de paramilitares".

Por otro lado, el ex General alegó que el número de víctimas estimadas en la masacre también es falso: “no podemos seguir insistiendo en que son 49 muertos, porque eso es una farsa”. Muchos de los cuerpos de quienes perdieron la vida en Mapiripán fueron arrojados al río Guaviare por lo que es casi imposible conocer las cifras reales.

El 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre argumentando la colaboración de miembros del ejército con los grupos paramilitares que la perpetraron.


Este es el comunicado de la Corte Suprema de Justicia:

COMUNICADO 07/14 SALA PENAL

Bogotá, D.C., 10 de junio de 2014.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 37 años de prisión contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, como autor por omisión impropia de los homicidios agravados y secuestros simples perpetrados durante la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

La sentencia desvirtuó la participación del alto oficial del Ejército Nacional como coautor de los delitos contra esa comunidad, al descartar que haya sido aliado de los paramilitares que los cometieron. Sin embargo, confirmó su responsabilidad en los hechos porque incumplió el deber de protección a la población civil pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la Constitución Política a los miembros de la Fuerza Pública.

La Corte determinó que Uscátegui Ramírez, en calidad de comandante de la VII Brigada del Ejército, tenía mando operacional sobre el Batallón de Infantería Joaquín París, el más cercano al lugar y cuyo comandante, el mayor Hernán Orozco Castro, le informó oportunamente la toma violenta del municipio de Mapiripán por parte del grupo de paramilitares que se desplazó hasta allí desde la zona del Urabá Antioqueño. No obstante, omitió adoptar medidas en favor de los habitantes de la localidad.

Dentro del marco de sus posibilidades, consigna la providencia, el general Uscátegui tenía el deber de desplegar labores de salvamento sobre las víctimas de la incursión armada. Gestión que no se agotaba con la movilización de tropas para responder la agresión de las autodefensas –asumiendo incluso que carecía de mando operacional–, puesto que al conocer la situación desde el mismo 15 de julio debió informar al comando superior –Comando de la Cuarta División del Ejército– o coordinar acciones con otra unidad militar, tal como lo recomendó el mayor Orozco.

A juicio de la Sala, la responsabilidad del general (r) Uscátegui radicó en la absoluta omisión del deber que tenía como oficial superior, al dejar de hacer lo que estaba a su alcance, como mínimo una llamada a los comandos General del Ejército Nacional, la respectiva división o la Brigada Móvil II –en ese momento localizada en las instalaciones del Batallón Joaquín París. Debió comunicar la gravedad de la amenaza para que se coordinaran acciones dirigidas a proteger a los pobladores de Mapiripán.
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De la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia se apartaron parcialmente cuatro de los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal, por considerar que el general (r) Uscátegui carecía de mando operacional sobre el Batallón Joaquín París durante los días de la masacre. Aunque compartieron la declaratoria de responsabilidad del alto oficial, sostuvieron que era acreedor a una pena atenuada (num. 11 del art. 32 del Código Penal), pues no merecía igual castigo un militar aliado con las autodefensas –como lo estuvo en este caso el coronel Lino Sánchez, condenado como coautor en condición de comandante de la Brigada Móvil II– y otro que, sin tener conexión con los paramilitares o querer facilitarles la ejecución de los delitos, omitió actuar bajo la errada convicción de que no le correspondía hacerlo.

De acuerdo con la disidencia parcial de voto, el oficial es responsable por haber omitido voluntariamente su deber de salvamento de los pobladores de Mapiripán, pero argumenta a su favor la existencia de un error de prohibición directo, aunque vencible. Sostiene que si bien la llamada a repeler el ataque era la Brigada Móvil II, al mando del coronel (r) Lino Sánchez, la formación militar de Uscátegui le permitía comprender que estando informado de la amenaza debía asegurar la intervención de la Fuerza Pública en defensa de la población atacada.

Lea aquí el comunicado que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo emitió al respecto

Consulte más información aquí

Foto tomada de kienyke.com

Las víctimas en otras guerras

¿Qué diferencia hay entre una mujer violada por los miembros de Boko Haram en Nigeria o por los soldados de los Estados Unidos en Irak? ¿No es acaso esencialmente la misma desesperanza la que tiene un refugiado sirio y un refugiado maliense?

Tal vez sea riesgoso, pero podemos atrevernos a decir que el dolor de las víctimas sí constituye una experiencia universal. Las víctimas han sido, en general, las grandes sacrificadas de las guerras y las grandes olvidadas de la paz. Muchos procesos de paz las olvidaron por completo. No tenían derecho ni a voz ni al Derecho.

Ya sea de mano de la acción humanitaria y sus organizaciones o de tribunales internacionales, la noción de dignidad de la víctima ha ido ganando espacio. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial dejó como legado (tal vez el único legado destacable de tan terrible guerra) el discurso de los Derechos Humanos en su versión actual, incluyendo el Derecho Humanitario y el Derecho de los Refugiados. Luego, con el advenimiento del Derecho Penal Internacional, las víctimas han ido ganando reconocimiento.

Hasta los años 90, los procesos de paz no estaban cruzados por la demanda de justicia de las víctimas. Los miles de civiles muertos en Vietnam o en Nicaragua simplemente pasaban al olvido. Ruanda revivió la famosa consigna del “Nunca Más”, proclamada cinco décadas después del holocausto nazi, con lo cual el mundo reconoció de nuevo el rostro de las víctimas. Así lo había hecho, parcialmente, en la masacre contra palestinos de Sabra y Shatila, el genocidio de Srebrenica, la hambruna producto de la guerra en Biafra, entre otros casos.

Son los tribunales especiales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda los que reivindican, en el plano jurídico internacional, un puesto para las víctimas. Por eso, los conflictos actuales ya no pueden repetir el esquema de negociación entre las partes combatientes, que pactan mutuamente impunidad absoluta, olvido de los crímenes y archivo del dolor. Las mesas de negociación de hoy en día tienen un nuevo actor: las víctimas, y un nuevo punto de la agenda: el castigo de los crímenes en su contra. Eso hace más complejo el proceso pero, sin duda, más justo y por tanto más cercano a una paz real.

Las víctimas tienen voz propia, tienen derecho a tener y expresar sus opiniones políticas, no están obligadas a ser “buenas víctimas”, se les debe reconocer su capacidad de agencia y son libres de decidir qué perdonan. Las víctimas se pertenecen a sí mismas, las organizaciones tanto oficiales como de la sociedad civil pueden acompañarlas en sus luchas pero no reemplazarlas, ni mucho menos instrumentalizarlas.

Recuerdo que unos integrantes de la sociedad de Darfur fueron invitados por parte del gobierno de Sudán para participar de una conferencia internacional. El gobierno elaboró una agenda previa de lo que debería ser el papel de la sociedad civil frente al proceso de paz. A pesar de todas las argucias oficiales y con las pocas herramientas conceptuales que tenían los marginados habitantes de Darfur, estos presentaron una contrapropuesta que demostraba su capacidad de agencia.

Las demandas de las víctimas se pueden agrupar en múltiples categorías, ellas (para decirlo de manera simplista) corresponden al reclamo de ciertos derechos y a la exigencia de ciertos bienes (materiales e inmateriales). Estos reclamos están determinados, como es obvio, por el tipo y la intensidad de las crueldades en su nombre, conocidos como crímenes de guerra. Y la respuesta esperada frente a tales hechos no es homogénea, mientras la desaparición necesita de justicia y de acompañamiento en términos de salud mental como en Siria, la restricción al suministro de alimentos podría requerir de centros nutricionales, como en Somalia.

Las restricciones de acceso a las víctimas, y de éstas a las ayudas, modifica (así sea temporalmente) sus agendas. Darfur nos enseñó a priorizar la atención a víctimas de violencia sexual, Somalia las consecuencias de la hambruna, Birmania las enfermedades epidémicas, Siria los heridos de guerra.

El desespero por encontrar respuestas puede incluso aumentar el conflicto. En Indonesia, luego de una larga cadena de violaciones de Derechos Humanos en contra la población civil, en un marco de creciente impunidad, algunas de las víctimas terminaron uniéndose a la lucha armada. Hubiera bastado un modelo adecuado de acceso a la justicia para evitar que las víctimas se volvieran combatientes.

Una tendencia observada en muchos conflictos es el egoísmo de la victimización; es decir, la convicción dogmática de que son “más víctimas” aquellas con las que tengo mayor identidad política o ideológica. Para los combatientes de Hizbollah, las víctimas son los civiles que apoyan el régimen Bashar al Assad; para los combatientes del rebelde ELS, las víctimas son los civiles afectados por las acciones del Estado sirio. Esta manipulación instrumentaliza a la víctima, enquista el conflicto y cierra el dialogo social al desconocer el dolor de una parte de la sociedad.

Los reclamos de verdad, justicia y reparación deben ser atendidos reconociendo el peso vital y existencial de tales procesos en las víctimas. De la misma manera, los requerimientos de ayuda material deben ser oportunos y adecuados. En otras palabras, no puede negarse la ayuda material cuando esta se requiera so pretexto de evitar “el asistencialismo”. Igualmente, cuando una víctima solicita justicia no debe respondérsele con la entrega de alimentos.

La víctima tiene derecho, de manera imperativa, a ser reconocida en calidad de sujeto político. Esto echa por tierra todo tipo de manipulación que busque imponerle a éstas un supuesto discurso de “neutralidad”. La movilización social y política no es un privilegio para las personas que no han sido víctimas de un conflicto sino que es, precisamente, un espacio para que la víctima se supere como tal y ejerza su condición de ciudadano.

Lo anterior fue uno de los grandes debates cotidianos en el manejo de los campos de desplazados en Darfur, en donde las víctimas hacían manifestaciones, creaban organizaciones y generaban demandas de justicia. A todo esto, el gobierno respondía con una profunda criminalización de la protesta y la sistemática negación del carácter de víctima a todo desplazado que no se resignara a ser un sujeto pasivo.

Los poderosos, los sujetos armados, tienden a negar la naturaleza de víctima de los afectados por la guerra y a veces hasta su propia naturaleza humana. Los judíos se volvieron durante el Holocausto en “los piojos”; los tutsis en Ruanda fueron simplemente “cucarachas”. En Siria, Palestina y Chechenia, las víctimas que se oponen a sus opresores y que exigen respeto se les llama “terroristas”. La intolerancia social y política es uno de los ingredientes para negarles a las víctimas la condición de tal y hasta de seres humanos. Como solía decir un amigo, “una víctima es alguien como tú o como yo, pero que está en un mal momento”.

Por Víctor Currea-Lugo, original publicado en El Espectador

Abogado defensor de los Derechos Humanos recibe amenaza

Bogotá, Mayo 12/14. El abogado Leonardo Jaimes Marín, dedicado a la defensa de los Derechos Humanos y de los presos políticos recibió el 29 de abril una carta de amenaza en su contra firmada por el grupo paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia – Los Rastrojos – Comando Los Urabeños”. En la carta, el grupo armado declara al defensor como objetivo militar acusándolo de defender “narco asesinos presos” y de colaborar con la insurgencia convocando paros agrarios. El grupo aclara que los mismos activistas son responsables de lo que les pase a ellos y a sus familias.

Jaimes Marín es reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo incansable en la protección y promoción de los Derechos Humanos. En un comunicado en el que expresa su profundo rechazo a los hechos, el grupo Abogados sin Fronteras de Canadá (ASFC) manifiesta su preocupación ante la amenaza porque pone en peligro tanto el trabajo del abogado como su vida y su integridad personal.

Esta no es la primera vez que Jaimes Marín es atacado por su trabajo: fue perseguido por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y recibió hostigamientos y amenazas directas por lo que hoy en día es beneficiario de medidad cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lea aquí el comunicado emitido por Abogados sin Fronteras de Canadá

Homenaje al maestro Alonso Carrascal, defensor de los presos políticos

El 10 de marzo, a la edad de 74 años, falleció el maestro Alonso Carrascal Conde, intelectual y defensor de los derechos de los pueblos y los presos políticos. En el ejercicio del derecho, el maestro Carrascal se encargó de defender a quienes, por razones políticas e ideológicas, fueron privados de su libertad pese a que esto le significó un proceso penal en su contra.

El Equipo Jurídico Pueblos (EJP) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) expresaron su respeto y admiración al maestro a través de un comunicado:

 

Bucaramanga, 13 de abril de 2014

El pasado 10 de marzo a la edad de 74 años falleció en la ciudad de Bucaramanga el maestro ALONSO CARRASCAL CONDE; su vida intelectual estuvo al servicio de los sectores populares del país; hasta el último día de su existencia se dedicó al estudio del “Humanismo Marxista” pretendiendo inculcar en sus alumnos las bases científicas de la construcción de pensamiento crítico; fue materialista histórico, anticlerical, filósofo, revolucionario, un hombre profundamente solidario; comprometido desde su juventud por construir un mundo justo.

A la edad de 24 años obtuvo el título de doctor en Derecho de la Universidad Libre de Colombia con una particular tesis de grado llamada “Estudio sobre el individuo, el estado y el derecho en la teoría Marxista de la alienación” en cuyos aportes se refleja la rigurosidad académica y claridad política que lo destacó durante toda su vida, su escrito permanece vigente 49 años después:

“Para el objetivo buscado me propongo presentar, primero, una exposición global de los que ha sido la filosofía en el decurso del tiempo, las diversas corrientes del pensamiento filosófico y, por ende, el carácter clasista de todo pensamiento o sistema filosófico para evocar, luego, y como consecuencias de estos planteamientos generales, el análisis de la teoría de la alienación aplicada al individuo, al Estado y al derecho. Es preciso recalcar la tremenda importancia que en la actualidad sume para nosotros el estudio de este últimos aspecto de la filosofía marxista, pues estamos presenciando constantemente el jocoso espectáculo de “resentidos” intelectuales burgueses que, con inusitado fervor, peroran sobre las “estructuras”, como si las citadas estructuras existieran en la conciencia de ellos mismos y no en la realidad económica del país, sometida al capital financiero del imperialismo norteamericano…” (Tesis de Grado, Universidad Libre, Bogotá, junio de 1965)

Tal postura crítica lo acompañó durante toda su vida; ejerció el derecho como una opción de vida al servicio de los excluidos de este País. En 1969 participó en el  famoso “juicio del siglo” adelantado por el Juez 26 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, actuando como defensor de centenares de personas señaladas de pertenecer a la guerrilla del ELN. Un diario regional dejó plasmadas las palabras del Maestro Carrascal, con las que dignificaba la lucha de sus representados mientras confrontaba a sus delatores: “Allí están, con la cabeza en alto… pagando con su dignidad el delito de ser revolucionarios, y afuera deambulando y exhibiendo impúdicamente su vergüenza, los que por debilidad, cobardía y flaqueza, ostentan en sus frentes el oprobioso título de traidores a la Revolución Colombiana”

Haber asumido esta defensa política con total ahínco originó que la inteligencia militar promoviera un proceso penal en su contra. El 25 de septiembre de 1972 fue detenido arbitrariamente por órdenes de la justicia penal militar por el delito rebelión siendo remitido al patio cuatro de la cárcel Modelo de Bucaramanga donde permaneció privado de la libertad hasta el 27 de marzo de 1973, tras ser absuelto.

En los años posteriores dedicó su vida a la defensa de los presos políticos del nororiente colombiano, fue uno de los primeros abogados de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Santander; representó  a los trabajadores ante los tribunales; y acompañó procesos populares en sus luchas por la exigibilidad de sus derechos.

En los inicios de los años noventa,  en vigencia de la “Justicia Regional” conocida como justicia sin rostro, decide apartarse del litigio ante el impacto que le causara que una luchadora popular a quien defendió de los delitos de rebelión y terrorismo fuera injustamente condenada por las declaraciones de testigos bajo reserva de identidad. Desde ese momento dijo que la única alternativa para un luchador del pueblo procesado por el Estado colombiano era acudir a los procesos de ruptura.

El maestro CARRASCAL fue docente en la Universidad Industrial de Santander  y en otros claustros privados de Bucaramanga; su método siempre fue cuestionar, desde el materialismo histórico, la estructura de pensamiento de sus alumnos. Prefirió los cursos de Filosofía del derecho y laboral colectivo, convirtiendo sus clases en verdaderos espacios de discusión política y filosófica; con profunda ironía y gran sentido del humor demostraba científicamente las atrocidades del capitalismo.

El maestro Alonso Carrascal Conde entregó su vida por la causa de los pobres de Colombia; fue estigmatizado, amenazado y encarcelado, aun así, continuó por varios años en la defensa de los presos políticos y luego aportó incondicionalmente con su conocimiento a la academia. Compartió sus luchas con otros abogados al servicio del pueblo, como el maestro Eduardo Umaña Luna y el abogado Pedro Ardila, reconocido defensor de presos políticos de Santander; todos ellos seres humanos profundamente solidarios de la causa de los desposeídos. Su legado, al igual que el de sus compañeros Ardila, Umaña Luna, Umaña Mendoza, Barriga, entre otros, está más vigente que nunca, las razones de su lucha persisten; los presos políticos siguen existiendo en las cárceles colombianas.

El asesinato del sindicalista Luciano Romero es un crimen de lesa humanidad

El crimen perpetrado en 2005 por el paramilitar Hever Ovidio Neira Bello contra el dirigente sindical Luciano Enrique Romero Molina fue declarado crimen de lesa humanidad por el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito Programa O.I.T. el 31 de marzo de 2014. El trabajador fue sometido y luego asesinado por miembros del grupo armado “frente Mártires del Valle de Upar”, del Bloque Norte de las Autodefensas y su cuerpo sin vida fue encontrado con 50 heridas abiertas.

Si bien Neira Bello, el autor material del asesinato ya se encuentra en poder de la justicia, el sindicato Sinaltrainal asegura que hay responsabilidad intelectual por parte de la empresa CICOLAC – Nestlé, acusada de persecución política y laboral y del despido unilateral de varios de sus operarios, entre los cuales estaba Romero Molina, y acusada también de impedir y obstaculizar con amenazas, despidos y atropellos, la organización de los trabajadores.

A los actos de persecución y discriminación contra la lucha sindical por parte de la empresa se suma el hecho de que, a partir de 1999, a Valledupar llegaron grupos paramilitares que querían asumir el control territorial. Estos grupos son los responsables de amenazas y homicidios, entre ellos, el de Luciano Romero.

El Presidente del Comité de Solidaridad de Presos Políticos asegura que “durante la negociación del pliego de peticiones con la empresa CICOLAC – Nestlé, los trabajadores fueron intimidados por personas sospechosas que asistían a la empresa y arremetían en contra de aquellos, al parecer, para evitar que ejercieran libremente su actividad sindical”. Por otro lado, pese a que el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que a las cooperativas lecheras (entre ellas CICOLAC) se les cobraba dinero para financiar al grupo armado, el proceso contra dichas empresas no ha sido iniciado.

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Vea un documental al respecto del caso de Luciano Romero

Condenados los implicados en el asesinato del alcalde de El Roble, Sucre

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que absolvía a la ex directora de la cárcel La Vega de Sincelejo, Diana Luz Martínez Pérez y a los paramilitares Emiro José Correa, alias ‘Convivir’, y José Tomás Torres, alias ‘Orbitel’, por el asesinato del alcalde del municipio de El Roble, Sucre, Eudaldo León Díaz Salgado, en 2003. La Corte condenó a los implicados a 27 años de prisión.

El fallo absolutorio fue revocado tras considerar la validez de unos testimonios según los cuales, la entonces directora del penal, quien es acusada de tener cercanía con el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, habría autorizado el acto criminal por orden de Salvador Arana, el entonces gobernador de Sucre.

El alcalde había denunciado ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez los nexos entre Arana y las autodefensas y declaró en un consejo comunitario, en presencia del primer mandatario, que lo iban a matar.

Consulte más información aquí

Video sobre el caso de Eudaldo Díaz

Presentación sobre la vida de Eudaldo Díaz sobre la vida y la muerte de Eudaldo Díaz

Providencia del Tribunal Superior de Medellín excluye siete paramilitares

De acuerdo con la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, siete paramilitares del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, autores de crímenes de lesa humanidad, fueron excluidos del proceso de desmovilización y reincorporación establecido en la Resolución 216 del 24 de noviembre de 2003, el llamado “Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y los reincorporados del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–”, proceso que busca restablecer la paz y contribuir con la verdad.

Lea el documento expedido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior

La alcaldía de Medellín tiene responsabilidad en la búsqueda de la verdad.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Alcaldía suspender el arrojo de escombros a los botaderos La Escombrera y La Arenera donde, se presume, hay restos de víctimas de desaparición forzada del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas.

Pese a la presión de diferentes organizaciones de Derechos Humanos, los cuerpos de las víctimas no han sido localizados debido a las dificultades que generan los escombros arrojados en estos botaderos. Los familiares de las víctimas llevan aproximadamente diez años en busca de los restos de sus seres queridos y de acciones por parte de la Alcaldía que faciliten su búsqueda.

Luego de seis meses de la orden del Tribunal, se siguen botando escombros sobre los cuerpos de las víctimas, dificultando así, la entrega de los cuerpos a sus familiares. En un oficio, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo le recordó al alcalde Aníbal Gaviria su obligación con las víctimas y con la búsqueda de la verdad y enfatiza en la eficacia con que la alcaldía debe proceder en la investigación que logre restituir los restos de los desaparecidos a sus familiares.

Lea aquí el oficio del Tribunal

Movilización de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, al cumplir 17 años de existencia, se movilizó el 24 de marzo hacia la ciudad de Apartadó, Antioquia en conmemoración de su consolidación como comunidad de paz pero también de las víctimas de las diferentes masacres ocurridas en este municipio.

Desde 1996 hasta 2005, la población antioqueña ha sido víctima de diversos actos de violencia: desde desplazamiento, retenes y bloqueos hasta quemas de viviendas y masacres, como la ocurrida en febrero de 2005 en la que ocho personas (entre las cuales dos niños) fueron torturadas, asesinadas, descuartizadas y enterradas en fosas comunes por paramilitares.

La movilización contó con ofrendas florales en memoria de los hechos y un féretro de 5 metros de longitud donde los nombres de más de 260 víctimas estaban escritos. Por su parte, los indígenas del Cauca, así como otras representaciones indígenas y campesinas, presentaron una delegación significativa en apoyo a la Comunidad de Paz.

El féretro simbólico fue dejado en las puertas de la Fiscalía de Apartadó en un acto de memoria pero también de protesta por la impunidad que cubre este tipo de crímenes.

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Imágenes de la movilización

FBI será clave en caso del Palacio de Justicia

Tres videos son determinantes en la investigación que se sigue por la muerte del magistrado Urán.

Bogotá, Noviembre 3/13.- El FBI, que fue clave en la decisión de la Fiscalía para cerrar el caso contra el exdiputado del Valle Sigifredo López, tiene en su poder pruebas que podrían llevar a nuevas decisiones en la investigación por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán en la retoma del Palacio de Justicia.

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En masacre de Mapiripán existió un daño irreversible a las víctimas y a la sociedad

 

Por: Elespectador.com, 2 de julio de 2013

 

Así se indica en el fallo que condenó a 320 meses de prisión al excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso como actor intelectual de la matanza.

 

ElEspectador.com conoció en su totalidad la sentencia emitida por el juzgado tercero especializado de Villavicencio en la cual se condenó a 320 meses de prisión al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su participación en la masacre de Mapiripán, registrada entre los días 15 y 20 de julio de 1997.

 

En el fallo de 31 páginas, el juzgado indicó que Mancuso fue el autor intelectual de la matanza y el encargado de coordinar el traslado de un grupo de hombres hasta zona rural de dicho municipio del Meta.

 

Pese a que el excomandante 'para' reconoció su participación en la planeación y ejecución de esta masacre, el juzgado tuvo en cuenta una serie de testimonios de miembros de ese grupo armado ilegal y familiares de las víctimas para demostrar la violencia del ataque contra la población civil.

 

En este sentido se indicó que un grupo de 150 paramilitares fuertemente armado llegó hasta la zona en la penumbra y emprendió un ataque en contra de los pobladores a los que calificaron de ser miembros y auxiliares de los frentes de la guerrilla de las Farc.

 

“El selecto escuadrón mortal fue uniformado y dotado de armas, material de intendencia y logístico para efectuar las incursiones armadas, lo que en efecto configura la agravante del ánimo de lucrase mediante su ilícito proceder; así mismo la sevicia con que causaron el deceso de un sin número de personas que no fue posible establecer", precisa uno de los apartes del fallo.

 

Durante cerca de cinco días, los paramilitares torturaron y amenazaron a los pobladores, quienes tuvieron que observar como sus seres queridos eran sacados a la fuerza de sus viviendas y asesinados en la plaza pública.

 

“La sevicia con que causaron el deceso de un sinnúmero de personas que no fue posible establecer, hablándose de desmembramientos, degollados, lanzados al río, episodio que reflejan como el proceder delictual era con ensañamiento y crueldad conforme lo ordenó el Estado Mayor de la organización”, indicó.

 

Según las pruebas recolectadas, ocho personas fueron trasladadas al matadero municipal donde fueron sometidos a torturas, algunos de ellos regresaron para contar la historia, de los otros no se conoce su paradero hasta la fecha.

 

En este caso indicó la juzgadora que los paramilitares mantuvieron la zozobra, terror, inseguridad colectiva, pánico y angustia a los habitantes quienes fueron encerrados en sus viviendas bajo la figura de un toque de queda y amenazados de muerte en repetidas oportunidades.

 

El pasado 20 de junio, el excomandante paramilitar fue condenado después de aceptar su responsabilidad en los delitos de homicidio múltiple agravado, secuestro extorsivo agravado y terrorismo.

 

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-431214-masacre-de-mapiripan-existio-un-dano-irreversible-victimas-y-soc

 

Consultado por PCS el 2 de julio 2013.

El reporte secreto del Palacio de Justicia

 

Hace 10 días la Fiscalía encontró un informe del Ejército que se mantuvo oculto durante casi 28 años, en el que se revelan detalles sorprendentes de lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

 

Por: Juan David Laverde Palma, ElEspectador.com 16 de junio de 2013

 

Hace 10 días la Fiscalía encontró un informe del Ejército que se mantuvo oculto durante casi 28 años, en el que se revelan detalles sorprendentes de lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

 

Leer más:El reporte secreto del Palacio de Justicia

C-280 de 2013-05-22

MP.  Nilson Pinilla Pinilla

21 mayo.- En el texto del comunicado No. 19, la Corte Constitucional indicó que si bien la Ley de Víctimas tiene un carácter especial, ello no implica que  otras víctimas de violaciones a los DD.HH o al DIH, perpetradas entre otras por las Bacrim, carezcan de protección.

icono-pdf  Mayo 23 Comunicado 19- C-280-13

Ley de víctimas, Bacrim

280 asesinatos contra la comunidad LGBT

22 de mayo. En el informe "Impunidad sin fin", Colombia Diversa  indica que los años 2010 y 2011 fueron asesinados 61 gays, 33 transgeneristas, 14 lesbianas y un bisexual, 171 sin determinar su orientación sexual o identidad de género, pero personas registradas como LGBTI por las autoridades.

http://www.semana.com/nacion/articulo/denuncian-280-asesinatos-contra-comunidad-lgbt/344021-3

Impunidad, LGBTI, No discriminación

Denuncian que Los Urabeños absorben las rutas y hombres de las Farc. Colombia, elespectador.com, 18 de mayo

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, denunció que la banda criminal de Los Urabeños absorbieron rutas y hasta integrantes de la guerrilla de las Farc en algunas zonas del país. "Lo están haciendo ya, en particular en Nariño (suroeste), en la zona alrededor de Tumaco, también en el Bajo Cauca antioqueño, uno a uno". Recomendó a las autoridades preparse para afrontar esta realidad, independientemente de que  se logre un acuerdo de paz con las Farc.

Según el Centro Integrado de Inteligencia de la Fuerza Pública contra los grupos ilegales colombianos (CI2), Los Urabeños tienen 2.366 hombres en sus filas, mientras que cifra en 3.866 a los integrantes de bandas narcotraficantes y neoparamilitares.    

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-422797-denuncian-los-urabenos-absorben-rutas-y-hombres-de-farc

Paramilitares, Urabeños

El desalojo que frenó el Consejo de Estado. Colombia, semana.com, 17 de mayo de 2013

El Consejo de Estado amparó los derechos de la comunidad Wayúu en Riohacha al conseguir la suspensión de una orden de desalojo por encontrarse todavía en disputa la titularidad de los predios  “El magistrado ponente Gustavo Gómez Aranguren, señaló que los “derechos al debido proceso y vivienda digna de los miembros de la comunidad se tienen que respetar”.    

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-desalojo-freno-consejo-estado/343657-3
    
Comunidades indígenas, Wayúu

CIDH urge a Estados a adoptar medidas urgentes contra la violencia homofóbica y transfóbica en la región. Washington D.C. (EE.UU), CIDH, 17 de mayo de 2013

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados Miembros de la OEA a que adoptaran medidas para asegurar que sus funcionarios y funcionarias respeten los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género en las sociedades en las Américas, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. “La CIDH ha recibido información que apunta a un aumento del discurso negativo por parte de funcionarios públicos en diferentes Estados Miembros de la OEA contra las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersex y contra aquellas personas que defienden sus derechos.”    

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/037.asp
    
Igualdad, Homofobia

'La minería criminal va a generar más violencia': Luis Jorge Garay

Luis Jorge Garay uno de los economistas más reconocidos en Colombia, junto con un grupo de investigadores denunciaron el impacto negativo del sector minero en diferentes ámbitos. Al respecto indica que “si se cruza el mapa de las solicitudes de licencia minera con el del desplazamiento forzado tradicional, el abandono y despojo de tierras, se descubre un traslapamiento muy alto”    

http://www.eltiempo.com/economia/entrevista-al-economista-luis-jorge-garay_12793568-4    

Minería, Conflicto social

Juez ordena devolver playas a comunidad negra de La Boquilla. Colombia, Noticias Uno, 2 de mayo de 2013

Un juzgado de Cartagena ordenó a la Dirección Marítima DIMAR), entidad del Estado, que anule la concesión que le otorgó a una empresa privada para que usara con exclusividad, un área de 6 mil metros cuadrados de mar y playa. Este proceso, según el fallo, no tuvo en cuenta la obligación de proceder a la consulta previa contemplada en las normas nacionales e internacionales.

http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/05/02/noticias/juez-ordena-devolver-playas-a-comunidad-negra-de-la-boquilla/

Entrevista de Benjamin Luna en WRadio Denunciando privatización de playas en La Boquilla, en Cartagena:

   
Consulta previa, Consejo Comunitario, Tierra y territorio

Sentencia C-253-13. Colombia, Corte Constitucional, 24 y 25 de abril de 2013

MP. Mauricio González Cuervo.     En su comunicado 16 de 24 y 25 de abril de 2013, la Corte Constitucional indica que no hay discriminación racial o xenofobia por el uso del término “comunidades negras” contemplado en la ley 70 de 1993. En el sentir de la Corte esto obedece a “i) en el contexto el que se emplea la citada expresión no es excluyente, ni pretende invisibilizar o denigrar a los afrocolombianos; (ii) se trata de una expresión que el legislador extrae de la propia Constitución y específicamente del artículo 55 transitorio; (iii) la expresión “comunidades negras” ha sido apropiada por muchos movimientos y numerosas organizaciones de afrocolombianos como un concepto autodenominatorio y autodefinitorio”.    

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/202013.pdf    

Igualdad, No discriminación, Comunidades Negras

Juristas, historiadores y Constitución. Colombia, El Espectador, 27 de abril de 2012

Rodrigo Uprimny, desde la perspectiva de un jurista, explica que la Constitución Política de Colombia no presenta obstáculos para que se pueda aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo    

http://www.elespectador.com/opinion/columna-418812-juristas-historiadores-y-constitucion    

Igualdad, No discriminación, Matrimonio igualitario

¿Qué salidas hay para las parejas del mismo sexo?

En votación realizada en el Senado de la República, se “hundió” el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Si bien se han hecho algunos avances en cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, se ha perdido una oportunidad para que el derecho a la igualdad sea una realidad en estas situaciones.     

http://www.semana.com/nacion/articulo/que-salidas-para-parejas-del-mismo-sexo/341164-3
    
Igualdad, No discriminación

‘Urabeños’ amenazan a reclamante de tierras de Urabá. Colombia, Verdad Abierta, 24 de abril de 2013

Una nueva amenaza contra los líderes que reclaman tierras tuvo lugar contra Beatriz Elena Mestre, una reclamante de tierras del municipio de Turbo, por parte de los integrantes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), también conocidas como ‘Los Urabeños’. En el último mes han sido asesinados cuatro líderes de estos procesos.
    
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4560-urabenos-amenazan-a-reclamante-de-tierras-de-uraba/
    
Tierras, Despojo, Restitución de tierras

Revocan Sanción disciplinaria al General Álvaro Zelandia. Colombia, Consejo de Estado, 22 de abril de 2013

“Una sala de conjueces anuló la sanción disciplinaria que se le impuso el 1 de julio de 1995 al brigadier general Álvaro Velandia Hurtado, por su presunta participación en la desaparición forzada de la integrante del M-19 Nidia Érika Bautista, ocurrida en 1997 (…) Así las cosas, queda en firme el fallo proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado de mayo del 2002, mediante la cual se anuló la decisión de la Procuraduría que destituyó al Brigadier General Alvaro Hernán Velandia Hurtado, en su calidad de Coronel del Ejército Nacional cuando se desempeñaba como Comandante del Batallón Charry Solano, hoy Brigada XX del Ejército Nacional con sede en Bogotá. Además, anuló el Decreto 1504 del 11 de septiembre de 1995, expedido por el Presidente de la República, que lo destituyó del cargo de Comandante de la Tercera Brigada del Ejército”.    

icono-doc

http://www.consejodeestado.gov.co
    
Impunidad, Nidia Erika Bautista, Álvaro Velandia, M-19

Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada. Colombia, VerdadAbierta.com, 19 de Abril de 2013

Relato detallado del esquema aplicado  por los hermanos Castaño para evadir la extinción de dominio de sus bienes, apoderándose de tierras a la fuerza y ‘donándolas’ a campesinos, para luego recuperarlas  también a la fuerza. Se teme que  el reciente proceso de devolución de tierras, podría estar literalmente echándole tierra a despojos anteriores y a una gran operación de lavado de activos.    

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4548-los-castano-donaron-tierra-usurpada-y-luego-usurparon-la-tierra-donada

Tierras, Despojo, Restitución de tierras

'El Alacrán' tendrá que indemnizar a víctimas de la masacre de Trujillo

El exjefe del Cartel de Cali fue condenado por los hechos registrados en marzo de 1990 donde fueron asesinadas 43 personas.    

El juez 3º penal especializado de Buga condenó a 20 años de prisión a Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’, exjefe del Cartel de Cali, por su participación en la masacre de Trujillo, el 29 de marzo de 1990, y le ordenó indemnizar a cada una de las familias de los 42 muertos, 22 secuestrados, 1 desaparecido y la tentativa de dos homicidios agravados, el equivalente de mil salarios mínimos legales mensuales por concepto de indemnización de perjuicios morales.    

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-417450-el-alacran-tendra-indemnizar-victimas-de-masacre-de-trujillo

Masacre de Trujillo, DD.HH

El Padre Tiberio en la memoria de Trujillo y Colombia. Colombia, CMH, 17 de abril de 2013

“La tortura y el asesinato del Padre Tiberio se convirtieron en el símbolo de La Masacre de Trujillo. Él fue la víctima reconocida por toda la comunidad, cuya desaparición impactó, no sólo en los corazones y en el sentimiento religioso del pueblo, sino en la esperanza comunitaria y en las iniciativas productivas y de desarrollo que el Párroco lideraba”. Con estas palabras, se recuerda al padre Tiberio, líder y mártir de lo que se conoce como los sucesos violentos de Trujillo, Valle. Los habitantes del municipio recuerdan todavía al padre Tiberio y a las demás víctimas de esta época de horror.  

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/noticias/1068-el-padre-tiberio-en-la-memoria-de-trujillo-y-colombia
    
Masacre, Trujillo, Tiberio Fernández

CIDH lamenta asesinato y urge a Colombia a proteger líderes sociales que trabajan por los derechos de personas desplazadas por el conflicto. Washington, D.C. CIDH, 19 de abril de 2013

Comunicado de prensa en el cual la CIDH lamenta el  asesinato de Ever Cordero, líder  de desplazados y presidente de  la Mesa de participación de las víctimas de desplazamiento en el departamento de Córdoba y  urge  al Estado Colombiano a la implementación  “de una política integral de protección de todas aquellas personas que participan en los procesos de reivindicación de los derechos de las comunidades desplazadas y otras víctimas del conflicto armado.”    

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/027.asp
    
Defensores/as de DD.HH, Ever Cordero

Gobierno no se pronuncia sobre matrimonio igualitario para no molestar a la iglesia. Bogotá, (Colombia), 18 de abril de 2013

Posiciones encontradas en torno al matrimonio de personas del mismo sexo.  Varios artículos sobre el tema    

http://www.elespectador.com/noticias/gobierno-no-se-pronuncia-sobre-matrimonio
    
Derecho a la igualdad, No discriminación

Invitación a la presentación del Examen Periódico Universal de Colombia ante el Consejo Económico de la ONU

Cuándo: Martes 23 de abril, 8:00 am- 12:13 pm

Dónde: Carrera 7 No. 40-62

Acción: ¡Asitir!

La cartografía del desplazamiento, casi nunca hay camino con retorno. Bogotá (Colombia), 11 de Abril de 2013

La Silla Vacía conversa con una cincuentena de líderes de todo el país, reunidos por la Mesa Nacional de Víctimas, trazando una cartografía del conflicto, sus recorridos, frustraciones, liderazgo social y esperanzas    

http://www.lasillavacia.com/historia/la-cartografia-del-desplazamiento-casi-nunca-hay-camino-con-retorno-43782

Desplazamiento, Retoro

Movilización nacional

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), con el acompañamiento de varias organizaciones nacionales e internacionales se movilizó el 6 de marzo en varias ciudades del país para solicitar al gobierno nacional “una restitución integral de tierras, con garantías de retorno y una transformación democrática del campo”. 05/03/2012

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