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El reporte secreto del Palacio de Justicia

 

Hace 10 días la Fiscalía encontró un informe del Ejército que se mantuvo oculto durante casi 28 años, en el que se revelan detalles sorprendentes de lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

 

Por: Juan David Laverde Palma, ElEspectador.com 16 de junio de 2013

 

Hace 10 días la Fiscalía encontró un informe del Ejército que se mantuvo oculto durante casi 28 años, en el que se revelan detalles sorprendentes de lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

 

En la Brigada XIII de Bogotá, en desarrollo de una diligencia judicial para revisar los archivos de esta unidad militar, accidentalmente la Fiscalía encontró hace algunos días un explosivo documento que guarda muchas verdades, hasta ahora desconocidas, sobre el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Se trata de un reporte fechado el 15 de noviembre de ese año, es decir, nueve días después de los hechos, suscrito por el entonces teniente coronel Luis Eduardo Torres Mesa y enviado a la Dirección de la Escuela Militar de Cadetes. El informe, contenido en una carpeta AZ, hasta hoy inédita, contiene trascendentales documentos sobre lo que realmente sucedió antes y después de la toma del M-19.

 

El Espectador tuvo acceso a este revelador documento, que desde hace 10 días es evaluado por los investigadores del CTI de la Fiscalía. Además del análisis detallado sobre los antecedentes, desarrollo y conclusiones de la operación militar, el informe presenta un diagnóstico de las previsiones y proyecciones respecto a futuras acciones violentas de grupos armados ilegales, acompañado de mapas y gráficos de la forma como se desplegó la tropa y el recuento de qué unidades participaron en la acción. Finalmente la carpeta incluye 19 impactantes fotografías de aspectos claves de lo sucedido: el camión en que ingresaron los guerrilleros al Palacio de Justicia, el armamento decomisado y algunos de los cadáveres de los subversivos.

 

La primera sorpresa del reporte del oficial Torres Mesa, para esa época jefe del Departamento E-3 del Ejército, es que se constata que se sabía de las pretensiones de la guerrilla de tomarse la Corte Suprema de Justicia, tal como el Consejo de Estado lo ha recalcado en varias sentencias, al condenar a la Nación por fallas en la protección de los magistrados. El documento refiere que desde el 17 de octubre de 1985 se conocían los planes de la guerrilla y que, como consecuencia de esas amenazas, la Policía reforzó la vigilancia al Palacio de Justicia. Además, se lee que el 23 de octubre, a través de un casete anónimo enviado a una cadena radial por un tal “Óscar”, se advirtió que iba a suceder algo por lo cual “el mundo quedaría sorprendido”.

 

Al enumerar estos y otros hechos violentos acontecidos antes de la toma, como el atentado al entonces comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, perpetrado ese mismo mes de octubre, el reporte secreto —elaborado el 15 de noviembre de 1985— concluyó que “los antecedentes relacionados y las comunicaciones enviadas por los comandos superiores permitieron alertar a la Decimatercera Brigada y mantener unidades de reacción con capacidad de operar rápidamente”. En otras palabras, el documento reservado ratifica que para las Fuerzas Militares no fue una sorpresa la acción del M-19 y que su respuesta se ajustó a un plan militar coordinado y estudiado.

 

Por ejemplo, el informe pormenoriza hora tras hora cómo se dio, según el Ejército, la recuperación del Palacio. Desde el alistamiento de las fuerzas de combate y la llegada del Batallón Guardia Presidencial, hasta el asalto definitivo después de una tercera penetración de unidades de contraguerrilla, a las 2 de la tarde del 7 de noviembre, para confrontar el último reducto del M-19. Una cronología que incluye, entre otros aspectos, la acusación directa a la guerrilla de prenderle fuego al archivo general de la Corte, la forma como “lograron evacuar 138 rehenes” y el momento final cuando “al verse perdido, el M-19 asesina a los últimos rehenes que les quedaban en su poder” y la contraguerrilla, “empleando granadas de mano y armas automáticas”, aniquiló la última resistencia.

 

Las revelaciones

 

La esencia del documento está en sus conclusiones. De entrada se advierte que el supuesto éxito de la operación se debió a que desde el comienzo, en todos los niveles de mando, “desde el más alto hasta el más bajo”, imperó la voluntad decidida del Ejército de “vencer”. Y la principal razón de esa convicción fue que “los puestos de mando de la Brigada y de las unidades tácticas se movieron simultáneamente, permitiendo la dirección y conducción de las operaciones personal y directamente”. Es más, el reporte militar resalta que durante toda la operación se mantuvo “la estructura de mando en los diferentes niveles, canalizando las órdenes, las coordinaciones, el suministro de información y la dirección de la operación”.

 

Todo se hizo a través del Centro de Operaciones del Ejército y el Centro de Operaciones de la Brigada, “permitiendo a los comandantes mantener la libertad de acción necesaria para tomar las decisiones del caso, en el momento oportuno, con el debido juicio y asesoramiento de sus Estados mayores”. Aún más: de acuerdo con el reporte que estuvo enmoheciéndose durante casi 28 años, “tanto el comandante de la Brigada (para ese momento el general Jesús Armando Arias Cabrales) como los comandantes de batallón estuvieron siempre en el lugar donde se desarrollaron las acciones decisivas”. Dicho de otro modo, no hubo ruedas sueltas en la operación y se cumplieron a cabalidad las órdenes superiores.

 

Con un detalle inédito: “Se mantuvo en todo momento una reserva orgánica por parte de la Brigada y a nivel Ejército, con cuatro unidades fundamentales, las Unidades Operativas de las brigadas BR-1, BR-7 y BR-10, las cuales se desplazaron por vía aérea y terrestre, alcanzando una disponibilidad de tropas suficientes para reaccionar. En este aspecto, es importante destacar el eficiente y oportuno apoyo por parte de la Fuerza Aérea”. Una información que de alguna manera coincide con la controvertida versión del cabo Édgar Villamizar, quien le relató a la justicia detalles de cómo él y otros militares de la Brigada Séptima, con sede en Villavicencio, fueron trasladados a Bogotá en 1985 para apoyar la operación de retoma del Palacio de Justicia.

 

La clave del reporte del Ejército al que tuvo acceso El Espectador es que se confirma la versión judicial que en 2007 le dio a la Fiscalía Édgar Villamizar —aunque se retractara en 2011—, en el sentido de que sí hubo desplazamiento de tropas militares por vía aérea y terrestre para respaldar el operativo y que, por lo menos en su caso, se hizo desde la capital del Meta hacia Bogotá. El coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado por este caso, ha sostenido la versión de que esto jamás ocurrió y que la justicia no ha podido corroborar la plena identidad de Édgar Villamizar, lo que por ende descalifica sus declaraciones. Aún así, el Tribunal de Bogotá consideró a Villamizar un testigo creíble.

 

Sin embargo, el informe secreto añade otros datos para exaltar por qué en su criterio hubo fluidez en las operaciones y flexibilidad en las maniobras: “El apoyo decidido y oportuno de la Fuerza Aérea con dos aviones C-130 y dos helicópteros medianos, y lógicamente de la Policía Nacional con tres helicópteros, el grupo Goes (unidad que efectuó el asalto helicoportado y sufrió el mayor número de bajas), aumentó la capacidad de combate y permitió la toma del edificio por tres direcciones de manera simultánea: la terraza para descender al cuarto piso, la puerta principal para dominar el primer piso y el sótano, donde los asaltantes mantenían un grupo con elementos que les hubieran permitido permanecer por largo tiempo dentro de la edificación”.

 

Otros detalles hasta hoy desconocidos hacen parte del dossier encontrado por la justicia. Por ejemplo, que fue fundamental el empleo de grupos especializados para el desarrollo de tareas específicas: el Goes de la Policía, las contraguerrillas urbanas y las tropas que actuaron en áreas rurales cercanas a Bogotá para contrarrestar actividades subversivas. El informe destaca la labor “en el momento y sitio apropiados” del “grupo de tiradores escogidos organizado con la Compañía Avanzada de Tiro y del Grupo de Explosivos organizado por Oficiales de Ingenieros que tenían conocimientos sobre esta especialidad”. Lo cual vendría a comprobar la tesis de que sí hubo francotiradores en la operación militar.

 

En el punto sexto de las conclusiones, el documento del Ejército hace sorprendentes afirmaciones sobre el manejo de la información periodística divulgada entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Según el entonces teniente coronel Luis Eduardo Torres, “desde el comienzo se logró el control de los medios de comunicación, especialmente de las cadenas radiales RCN y Caracol, a través de las cuales se enviaron mensajes tanto a la opinión pública como a los mismos rehenes sobre el comportamiento a seguir, sin que éstos notaran que se trataba de mensajes provenientes de la Fuerza Pública”. Justamente, mientras el Palacio de Justicia ardía, en televisión se dio la orden de transmitir un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena.

 

La ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, expidió en la tarde del 6 de noviembre de 1985 el siguiente comunicado: “El Gobierno Nacional agradece a los medios de comunicación la colaboración que presten ante los hechos conocidos por la opinión y solicita abstenerse de transmitir por radio o televisión informaciones sobre los operativos militares en directo o a través de entrevistas o comunicados, puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que ocupan el Palacio de Justicia”. A su turno, el presidente Belisario Betancur, en la alocución televisada en la que asumió toda la responsabilidad de lo sucedido, agradeció el comportamiento de la prensa durante los hechos.

 

No obstante, según el documento hallado en la Brigada XIII hace 10 días, no sólo los medios de comunicación colaboraron con el operativo militar, sino que también se coordinaron trabajos con “la Empresa de Energía, la Empresa de Teléfonos de Bogotá, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Nacional, entidades todas que colaboraron de muy buena voluntad, sin poner objeción a los requerimientos que se les hicieron, de igual manera que el Instituto de Radio y Televisión (Inravisión), que facilitó sus equipos de iluminación para trasladarlos y ponerlos a orden del comando de la operación una vez fueron requeridos”. Esto significaría que el Ejército también pudo haber filmado secuencias del operativo o entrevistas con los rescatados.

 

Otras sorpresas abundan en este reporte desconocido. Por ejemplo, en el acápite titulado “Previsiones y proyecciones”, se advierte que a pesar del “acertado empleo de todos los medios tanto humanos como materiales”, las Fuerzas Militares debían prepararse para futuras acciones violentas capacitando grupos especializados con elementos tales como “miras telescópicas para tiradores escogidos, reflectores para corriente alterna y directa, equipos de radio para hacer monitoría, equipos para intervenir llamadas telefónicas, equipos electrónicos de audición a distancias medias, teleobjetivos, cámaras fotográficas, explosivos plásticos y elementos para organizar puestos de recolección y dosificación de personal civil”.

 

El documento conocido por este diario se titula “Asalto al Palacio de Justicia por el grupo subversivo M-19” y en él se manifiesta que la gran cantidad de material bélico y demás abastecimientos de la guerrilla eran indicio fehaciente de sus recursos económicos y que por ello se podía deducir “una vinculación estrecha entre narcotraficantes y guerrilleros, con capacidad logística para mantenerse a pesar de los golpes de la Fuerza Pública”. Por eso concluye que “a pesar del éxito rotundo de las tropas, es necesario reconocer que la alianza ‘narcoguerrillera’ logró uno de sus objetivos: destruir los archivos en donde reposaban los expedientes por narcotráfico”. La misma tesis a la que llegó en 2010 la Comisión de la Verdad integrada por tres exmagistrados de la Corte.


Las crudas fotografías

 

El reporte tiene en sus últimas páginas dos mapas en los que se evidencia cómo fue que la Fuerza Pública aseguró el perímetro que rodeaba el Palacio de Justicia durante la toma guerrillera y 19 fotografías que apenas hoy se conocen sobre el decomiso de armas al M-19, los vehículos usados por la organización subversiva para transportar armamento y hombres, y tres imágenes con la siguiente inscripción: “Cadáveres de algunos cabecillas del movimiento subversivo M-19”. El Espectador se abstiene de publicar dos de éstas por considerar que son demasiado fuertes. En una de ellas aparecen de cuerpo entero dos señalados insurgentes sobre bandejas metálicas y con signos claros de que médicos forenses ya les habían practicado las necropsias.

 

En esa misma imagen, uno de los cadáveres presenta el número 3767 sobre ambas piernas. De hecho, se ve que el número fue escrito con un lapicero sobre la foto y que con marcador negro se taparon sus partes íntimas. En la otra imagen que no publicamos se ven claramente seis cuerpos desnudos en bandejas y por lo menos otros tres cadáveres tapados con bolsas negras. Parece una especie de morgue improvisada en cuyas paredes se ven humedades. La única foto que sí divulgamos es en la que presuntamente aparece Andrés Almarales, uno de los comandantes del M-19 durante el asalto al Palacio de Justicia. De todas maneras, la Fiscalía está corroborando estas 19 imágenes para determinar cómo y en qué contexto las obtuvo el Ejército.

 

En lo que al parecer sería el parqueadero del Palacio de Justicia se tomaron dos imágenes de los carros que habrían sido utilizados por el M-19 para ingresar. Siempre se habló de que estos vehículos habían sido robados en el sur de Bogotá, pero sólo hoy aparecen imágenes en las que se pueden ver hasta sus números de placas. En una foto se ve una furgoneta de estacas de color verde en la que se lee la placa AM3967. En otra imagen figura un camión de acarreos de color azul, cubierto en la parte de atrás con una lona café, y su placa es SBS671. En otra toma aparece la escalera que fue utilizada por el M-19 para ingresar a los pisos del Palacio de Justicia. Las seis siguientes fotografías fueron tomadas en los pisos 2, 3 y 4, “en donde se hicieron fuertes los guerrilleros”.

 

Dichas imágenes, en donde aparecen policías y bomberos, y se notan montículos de cenizas del feroz incendió que consumió el Palacio, tienen la siguiente leyenda en el reporte secreto: “Aspecto general de los destrozos, concluida la operación”. Dos fotografías llaman poderosamente la atención. La más impactante es la que registra cómo quedó el baño donde murieron los últimos rehenes. Se observan disparos en las puertas de los inodoros y en los espejos, así como distintos objetos personales regados, un bolso de mujer de color gris sobre el lavamanos, tres botes de basura, sangre por todas partes y pedazos de papel higiénico manchados también con sangre.

 

Con la inscripción “Parte del armamento y material de intendencia capturado a los subversivos”, se ve en particular una fotografía que habría sido tomada en una instalación militar, donde aparecen tres hombres, dos en ropa de civil y uno más aparentemente con uniforme. En la imagen se observan periódicos regados, ropa puesta en perfecto orden, un serrucho, martillos, tres cajas de cartón arrumadas y un espejo, entre otras cosas. Pero quizá la imagen más desconcertante es en la que aparece un hombre con la bandera del M-19 detrás suyo y usando un pañuelo y un brazalete con la misma insignia, mientras porta un fusil en actitud de exhibición. Al frente se ven todas las armas decomisadas en la recuperación del Palacio. También parece que esta imagen se tomó fuera del Palacio.

 

Esta imagen suscita varias preguntas. ¿Cómo y por qué un guerrillero del M-19 posaría luego de ser capturado para estas fotos? ¿Dónde exactamente fueron tomadas? ¿Cuánto tiempo había pasado después de que el país conociera la escalofriante cifra de muertos y desaparecidos que dejó el holocausto? Por lo pronto, la Fiscalía adelanta inspecciones, cruza evidencias y fotografías de los levantamientos de los cadáveres y revisa declaraciones como las entregadas por el coronel José Antonio Tatis Pacheco. Este último contó en julio de 2007 que trabajaba en la Dijín y que su unidad fue la encargada de recoger los cuerpos después del siniestro y llevarlos a Medicina Legal.

 

Según dijo, se elaboró una lista de personas que no resultaron incineradas, entre las que se incluyó a Andrés Almarales. La Fiscalía trata de establecer si corresponde a la fotografía que hoy divulga El Espectador. El informe reservado constituye un elemento más para que la justicia siga escarbando en las esquivas verdades del Palacio de Justicia. Casi tres décadas después del peor ataque contra el símbolo máximo de la justicia en Colombia, faltan muchas cosas por decirse y probarse. Los altos oficiales acusados o sentenciados por los desaparecidos insisten en su inocencia. Ningún fallo está en firme todavía. Este reporte secreto dará de qué hablar en ambas orillas.

 

En varios telegramas, el entonces comandante de la Brigada XIII les advirtió a sus unidades que era urgente extremar las medidas de seguridad, porque el ataque del M–19 al Palacio o a otras entidades estatales era inminente.

 

Los militares supieron, no con uno sino con dos meses de anterioridad al menos, que el M-19 planeaba atacar el Palacio de Justicia; el Ejército le pidió a la Embajada de Estados Unidos explosivos; fueron informantes del comando Ricardo Franco (disidencia del M-19) quienes le indicaron a la Fuerza Pública que debían “dar de baja” a Andrés Almarales; en el aeropuerto El Dorado se recibieron llamadas anónimas advirtiendo que se explotaría el centro de control si no se detenía la operación. Estas y otras revelaciones forman parte de un documento secreto, desconocido por 28 años, y que hace menos de tres semanas fue descubierto mientras agentes del CTI hacían una inspección en la Brigada XIII del Ejército, en el marco de la investigación por la muerte del abogado Eduardo Umaña.

 

En la edición del pasado domingo 16 de junio, El Espectador reveló una parte de este reporte secreto, basado en un informe firmado por el entonces teniente coronel Luis Eduardo Torres Mesa. En éste se afirmaba que, desde el 17 de octubre de 1985, los planes de la guerrilla de atacar el Palacio de Justicia eran conocidos por inteligencia militar. Es decir, que el 6 y 7 de noviembre de 1985, los últimos sorprendidos fueron los militares. El oficial confirmó en su escrito también que tres brigadas se desplazaron hasta Bogotá para apoyar las acciones contra el M-19 —contrario a lo que afirmaron los militares por más de dos décadas—, que hubo francotiradores y que, incluso, se había logrado “el control de los medios de comunicación”.

 

El revelador documento, que está en manos de investigadores del CTI, dejó saber asimismo pormenores de la operación castrense: de cómo se alistaron las fuerzas de combate; de cómo llegó el batallón presidencial; de cómo lograron rescatar a más de un centenar de rehenes atrapados entre el mortal incendio y los disparos de una y otra orilla; de cómo “los comandantes de batallón estuvieron siempre en el lugar donde se desarrollaron las acciones decisivas”, sin que hubiera lugar a ruedas sueltas, y de cómo hasta las empresas de Energía y de Teléfonos, los Bomberos y la Cruz Roja habían colaborado “de muy buena voluntad”. Pero en la última semana, este diario conoció que hay más que el informe del coronel Torres.

 

Nuevas revelaciones

 

Los papeles que los agentes del CTI desempolvaron hace un par de semanas, sin embargo, no se limitan sólo al informe elaborado por el entonces teniente coronel Torres Mesa. Éstos forman parte de una carpeta AZ, igual de inédita y explosiva al informe mismo, que contiene en total 81 páginas, conocidas en su integridad por El Espectador. Una de las confesiones más sensibles es que, desde antes de octubre de 1985, el Ejército sabía de las intenciones del M-19 de hostigar la sede máxima de la justicia. “Movimiento subversivo M-19 pretende realizar acto terrorista contra instalaciones palacio justicia”, se lee en un telegrama fechado el 21 de septiembre de 1985.

 

El remitente de ese telegrama era el entonces comandante de la Brigada XIII, el general Jesús Armando Arias Cabrales, y los destinatarios eran sus unidades tácticas. Ya antes —el 12 de agosto de ese mismo año, para ser exactos—, Arias Cabrales había empezado a enviar telegramas encendiendo alarmas entre sus hombres por la posibilidad que existía de que el M-19 cometiera “un acto terrorista de resonancia nacional”. En cada telegrama Arias Cabrales —hoy condenado en primera instancia por los desaparecidos del Palacio— concluía: “Extreme(n) medidas seguridad”.


Advertencias que imposibilitan comprender cómo fue que, días antes de la toma al Palacio, se bajó la guardia y la seguridad fue removida.


Otra revelación de los documentos se enfoca en el comando Ricardo Franco, una disidencia del M-19 fundada por José Fedor Rey y por Hernando Pizarro Leongómez, hermano del último comandante del M-19, Carlos Pizarro. Un memorando secreto, fechado el 7 de noviembre de 1985 —es decir, el segundo día de la toma—, deja en evidencia que miembros del Ricardo Franco eran informantes del Ejército y que ellos delataron ante los militares al hombre que, en su concepto, tenían que “dar de baja” para desmantelar el M-19: Andrés Almarales. Justo ese mismo año José Fedor Rey ordenó la ejecución de 144 de sus hombres porque creía que entre ellos pululaban los informantes.

 

En la carpeta AZ descubierta en la inspección del CTI a la Brigada XIII se lee otro dato inédito: el Ejército colombiano le pidió apoyo a Estados Unidos para ejecutar el operativo. De hecho, en principio, fue el propio embajador de la época quien ofreció a los militares radios walkie talkie para los oficiales de enlace del Ejército y la Policía.


Colombia, por su parte, no sólo aceptó el ofrecimiento, sino que le pidió la embajada americana “la posibilidad de consecución de explosivos plásticos para volar una puerta metálica requerida por parte del Goes (Grupo de Operaciones Especiales de la Policía) en el Palacio de Justicia”, se lee en una especie de bitácora del Centro de Operaciones Conjuntas.

 

El 6 y 7 de noviembre de 1985 fueron dos días de caos no sólo para quienes se hallaban dentro de la sede máxima de la justicia, sino para quienes, sin ser parte de los operativos militares directamente, estaban apoyando de alguna manera la labor de la Fuerza Pública. En los documentos castrenses quedaron registradas varias llamadas que se hicieron a puestos militares o de Policía alertando de carros bomba contra casas fiscales del Ejército; al aeropuerto El Dorado llamaron a exigir que se acabara la operación para recuperar el Palacio a cambio de no explotar el centro de control; mientras el DAS detectaba que el M-19 planeaba cortar las líneas telefónicas en el Distrito Militar No. 3 de Kennedy para atacar a la Policía.

 

Durante esos dos días el Ejército recibió llamadas anónimas que informaban que se pondrían bombas en embajadas; se supo de dos explosiones en la Estación de Policía de Tunjuelito; un Renault 4 fue robado y abandonado frente al Ministerio de Defensa, aunque sin consecuencias; un Dodge de placas MC–4937 fue robado en el barrio marginal caleño Siloé y explotó en el centro de la capital vallecaucana, sin dejar víctimas; se allanó una casa en Zipaquirá donde se halló la cédula de la supuesta novia del comandante del M-19, Andrés Almarales, y hasta se advirtió de hechos que parecían lejanos, como que en Barranquilla se habían repartido volantes del Eln o que en Tierralta (Córdoba) un par de agentes de la Policía habían herido a sus compañeros.

 

En este explosivo documento secreto se evidencia también que la Fuerza Pública llevaba un cuidadoso ‘inventario’ de las personas que salían del Palacio de Justicia con vida. En un listado de 159 nombres se ve que a cada sobreviviente le pidieron su número de cédula, su teléfono, su dirección, y que le preguntaron por su nivel educativo, su estado civil y su edad. Al cotejar la lista con la de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia no coincide ningún nombre. Sin embargo, resulta extraño que figure el de Eduardo Matson Ospino sin que aparezca el de Yolanda Santodomingo. Ambos, estudiantes de Derecho de la Universidad Externado, fueron torturados en la Casa del Florero, que estaba bajo el control militar.

 

El caso Umaña

 

La carpeta AZ que contiene toda esta información, y que estuvo llenándose de telarañas en la Brigada XIII del Ejército durante casi 28 años, está ahora en manos de un despacho de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que investiga la muerte del abogado Eduardo Umaña Mendoza. Fue en el marco de esa investigación que se ordenó la inspección a la sede militar, lo que indicaría que, después de 15 años de parsimonia judicial, este organismo está reorientando sus indagaciones con el fin de descubrir quiénes estuvieron detrás de este asesinato, ejecutado el 18 de abril de 1998. El hijo del litigante, Camilo Umaña, ha denunciado en múltiples ocasiones que a la justicia colombiana no le interesa esclarecer el episodio de su padre.

 

Eduardo Umaña era, además, el abogado de algunas de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Fue su lucha la que llevó a que en Colombia se tipificara el delito de desaparición forzada, tal como ocurrió dos años después de su muerte. Su asesinato se ejecutó dos meses después de que, en Medellín, mataran al abogado Jesús María Valle, en circunstancias muy parecidas: un grupo de sicarios irrumpió en sus oficinas y lo acribilló. La familia del abogado ha insistido en que agentes del Estado podrían haber orquestado el crimen, aunque nada ha comprobado la justicia.

 

Los altos mandos procesados por el Holocausto

 

Dos coroneles y dos generales han sido procesados por los desmanes cometidos por la Fuerza Pública en la retoma del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Son ellos los coroneles en retiro Edilberto Sánchez Rubiano, excomandante de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, y Alfonso Plazas Vega, excomandante de la Escuela de Caballería, y los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada XIII del Ejército, e Iván Ramírez, exjefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de esa fuerza armada.


Arias Cabrales y Plazas Vega se encuentran a la espera de que la Corte Suprema de Justicia confirme o modifique la condena en su contra a 35 y 30 años de prisión, respectivamente. Por su parte, el general (r) Iván Ramírez fue absuelto. El fallo fue apelado y ahora es el Tribunal Superior de Bogotá quien debe confirmar o negar la absolución. En el caso del coronel (r) Sánchez, el juicio en su contra continúa.

 

El Palacio de Justicia en la Corte Interamericana


Desde el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia lo hecho por el Estado colombiano, para esclarecer lo sucedido en el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. A inicios de este año, víctimas y Estado presentaron sus alegatos al respecto.

 

La defensa de Colombia, a cargo del abogado Rafael Nieto Loaiza, fue duramente criticada, porque negaba la existencia de desaparecidos del Palacio de Justicia, negaba, incluso, la desaparición de la guerrillera Irma Franco, que ya ha sido confirmada por varios tribunales. La defensa, en cambio, se esmeraba en decir que lo único que había en este caso era víctimas del M-19. Así mismo, la defensa de Colombia, por la que Nieto Loaiza recibió $400 millones, fue cuestionada por criticar las actuaciones de la justicia colombiana, lo que, en últimas, ameritaría que Colombia fuera sancionada por la CIDH. La Corte tiene la última palabra.

 

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-428011-el-reporte-secreto-del-palacio-de-justicia

Consultado por PCS el 3 de julio de 2013

 


Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-429452-el-reporte-secreto-del-palacio-de-justicia-parte-ii

Consultado por PCS el 3 de julio de 2013

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