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Iniciativas de victimas y sus defensores

 

Muchas de las víctimas del paramilitarismo y sus defensores ven la extradición de los líderes paramilitares a los Estados Unidos, en un momento en el cual éstos paramilitares estaban empezando a vincular algunos de los terceros implicados en el escándalo de la denominada parapolítica [1], como “otra maniobra para la impunidad” [2], así dando privilegio a la judicialización del crimen organizado por encima de las graves violaciones de derechos humanos. Las víctimas han sido apoyadas en sus preocupaciones y manifestaciones por organismos importantes de seguimiento de derechos humanos en el ámbito internacional.

 

Las iniciativas de las víctimas frente a la extradición forman parte de una línea de trabajo más amplio para proteger sus derechos a la verdad, justicia y reparación dentro del marco del “proceso de paz” con los paramilitares emprendido por el Gobierno colombiano en 2002. Se pueden dividir las estrategias de las víctimas frente la extradición en tres categorías: 1) reacciones ad hoc y la espera de intervención por parte de las instancias internacionales; 2) la vía jurídica aprovechando de la ley civil estadounidense para que se reconozcan los derechos de las víctimas, tal vez logrando alguna compensación económica; 3) acceso directo a los paramilitares, por parte de las víctimas y sus representantes, para que sigan aportando a la verdad, justicia y reparación a pesar de su extradición.

 

Aunque muchos analistas argumentarían que después de cuatro años se han visto pocos resultados sustantivos en cuanto a la existencia de una voluntad política real para facilitar la colaboración de los paramilitares extraditados, la persistencia de las víctimas y sus representantes/defensores a través de investigaciones, comunicados, informes y encuentros ha logrado mantener abierto el debate crítico y la indignación frente a las extradiciones, además de ser constructivo en la búsqueda de soluciones para las víctimas y recomendaciones frente ambos gobiernos.

 

[1] La “parapolítica” es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la relevación de los vínculos de políticos con paramilitares

[2] Comunicado del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE; 14 de mayo de 2008

Rueda de prensa en el tercer aniversario de la extradición de los líderes paramilitares, mayo de 2011

En el tercer aniversario de la extradición masiva de los líderes paramilitares, el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) convocó una rueda de prensa, en la cual participaron Consejería en Proyectos (PCS), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y el Colectivo de Abogados (CCAJAR). A través de esta rueda de prensa, se pudo mostrar cómo la extradición sigue siendo un obstáculo para la garantía de los derechos de las víctimas, y cómo ha afectado negativamente los incentivos de los líderes paramilitares para cooperar con los procesos judiciales colombianos por graves violaciones de derechos humanos. También se hicieron recomendaciones generales hacia ambos gobiernos.

 

Documentos relacionados:

Comunicado de prensa de PCS, CIJP y CCAJAR

Comunicado de prensa de ICTJ

Gráficos 1, 2, 3, 4 presentados por ICTJ durante la rueda de prensa

´La mayoría ha confesado menos hechos en Justicia y Paz, tras envío a EE. UU.´

´Piden acuerdo de Colombia y EE.UU. que beneficie a víctimas de 'paras'´

´La verdad que fue extraditada´

´Tres años de verdad extraditada´

¿La verdad extraditada?

Reacciones ad hoc

Cinco días después de que se conociera la emisión por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del concepto favorable para la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias ´Macaco´, seguido por la Resolución Presidencial afirmando lo mismo, el 3 de abril de 2008, las víctimas, representadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estados, MOVICE, interpusieron una tutela para frenar la extradición en procura de salvaguardar sus derechos a la verdad, justicia y reparación, aunque sin éxito  —´Macaco´ fue extraditado el 7 de mayo—, la tutela logró abrir el debate (el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca inicialmente aceptó la tutela en primera instancia), poniendo el tema en el escenario público, algo que probablemente contribuyó a que una semana más tarde, el Gobierno extraditara de forma discreta e imprevista, en la mitad de la noche, otros 14 paramilitares. Un año más tarde, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) intentaría de nuevo frenar la extradición de un jefe paramilitar - Herbert Veloza García, alias ‘HH’  - otra vez sin éxito.

 

Las muchas reacciones a las extradiciones de mayo de 2008 incluyen denuncias ante las instancias internacionales, por ejemplo la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los consiguientes pronunciamientos y avisos de ambas entidades han, sin duda, contribuido en gran medida, a la presión política ejercida sobre los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia en el tema. Por ejemplo, se podría inferir que la decisión del gobierno colombiano de diferir la extradición de Herbert Veloza García, alias ´HH´ durante 4 meses se tomó como resultado de la carta que la CPI le envió en agosto de 2008.

La vía jurídica aprovechando la ley civil desde los Estados Unidos

Los instrumentos jurídicos más pertinentes de los Estados Unidos son el Alien Tort Claims Act, ATCA (Ley de Reclamación por Agravias contra Extranjeros), que permite que las cortes federales puedan tramitar litigios de ciudadanos no estadounidenses por crímenes que se cometieron en violación de los derechos humanos, emparados bajo el derecho internacional y que también se puede usar para demandar a corporaciones;  el Torture Victim´s Protection Act, TVPA (Ley de protección de víctimas de tortura) que se parece al ATCA pero se limita a crímenes de tortura y ejecuciones extrajudiciales, y el Crime Victims´ Rights Act, CVRA (Ley sobre Derechos de Víctimas de Crímenes) que les otorga a las víctimas, entre otras cosas, el derecho de recibir notificación adecuada de toda diligencia judicial pública en contra del acusado que tengan que ver con el delito; el derecho de intervenir verbalmente en toda diligencia judicial pública que tenga que ver con puesta en libertad, declaración del reo, pronunciamiento de sentencia o en alguna y toda diligencia en cuanto a libertad bajo palabra; el derecho para consultar con el abogado del Gobierno en el caso y el derecho a reparación de daños plena. La víctima se define como “una persona que sufra daño directa y próximamente a consecuencia de la comisión de un delito contra la ley Federal” [18 U.S.C § 3771 (e))]


Dos organizaciones Estadounidenses, el Center for Justice and Accountability (Centro de Justicia y Responsabilidad, CJA) y la Clínica de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, han empleado el ATCA y el TVPA para litigar en  casos de los paramilitares extraditados, en conjunto con ONGs colombianas [1]. Por otro lado, la firma de abogados Conrad & Scherer y la ONG Earth Rights International (ERI) han empleado el ATCA para demandar a corporaciones registradas en los Estados Unidos que han sido implicadas en el actuar paramilitar en Colombia.

 

[1] El CJA ha patrocinado a víctimas colombianas en casos en contra Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”; Guillermo Pérez Alzate; Hernán Giraldo y Eduardo Vengoechea Mola. Fuente: IPS noticias.net, http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89236 (consultado por PCS: 10 de abril de 2011).

Acceso a los paramilitares extraditados

Las raíces de la iniciativa de acceso directo a los paramilitares extraditados datan del 16 de marzo de 2009, cuando el jefe paramilitar Salvatore Mancuso le escribió una carta a  la entonces senadora Piedad Córdoba, tras su visita a los Estados Unidos con el entonces senador Rodrigo Lara, en función de la Comisión Accidental del Senado [1] (una comisión creada específicamente para dar seguimiento al tema de la extradición y sus consecuencias para los procesos de la ley de justicia y paz). Mancuso expresó su deseo de “decir toda la verdad, no sólo nuestro accionar militar” e invitó a Piedad Córdoba a reunirse con él y otros paramilitares extraditados con el fin de “buscar puntos de encuentro y (…) propuestas tendientes a evitar el estancamiento y virtual muerte [del proceso de Justicia y Paz]” [2] . Antes de contestar la misiva, Piedad Córdoba consultó con el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado, MOVICE, un gesto que el MOVICE agradeció públicamente en un comunicado del 26 de marzo de 2009 [3],  reconociendo que Piedad Córdoba también había sido víctima del paramilitarismo.

 

La decisión de las víctimas del MOVICE de aprovechar la oportunidad presentada por la comunicación entre Mancuso y Piedad Córdoba no fue fácil, y estuvo precedida de varios meses de debate interno. Las preocupaciones fundamentales del MOVICE giraban en torno a la problemática de que las víctimas se sentaran con sus victimarios y la situación de inseguridad que esto generaría; la voluntad real de los paramilitares para aportar a la verdad (y no simplemente como una jugada mediática); los beneficios que los paramilitares esperaban conseguir y el manejo de la información que éstos pudieran aportar. No obstante, como dijo el MOVICE en su reacción inicial a la carta de Mancuso, “la verdad es un derecho al que no se puede renunciar, ni por las víctimas ni por la sociedad humana”. El MOVICE tenía claro que de darse el  diálogo, lo clave sería hacer un diagnóstico de la disposición de los extraditados para contribuir a la verdad, al esclarecimiento de la estructura criminal, y exigir la entrega de pruebas para que la información suministrada, se pudiera judicializar eventualmente [leer el comunicado de MOVICE aquí]

 

[1] Fue la ex senadora Piedad Córdoba quien propuso la creación de esta Comisión para explorar la situación humanitaria de los mandos que fueron llevados a los Estados Unidos y conocer la existencia o no de su voluntad para aportar a los derechos de las víctimas y la existencia de un acuerdo de cooperación.

[2] Se puede leer la carta de Salvatore Mancuso aquí

[3] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,  http://justiciaypazcolombia.com/La-Verdad-es-el-principio-Movice

Inseguridades tras la búsqueda de acceso a los paramilitares extraditados

La seguridad de las personas que se reunieron con los paramilitares extraditados sigue siendo un tema de preocupación, precisamente por todos los “intereses” que están  en juego. Algo que se ve en toda la labor relacionada con la judicialización de poderosos sectores del Estado Colombiano es el desprestigio mediático (tanto de las víctimas y sus acompañantes como de la rama judicial) y la aplicación de presión a través de amenazas, montajes judiciales y agresión directa.  Aunque los siguientes acontecimientos pueden verse en el contexto más grande de la campaña sistemática en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia, tienen también una conexión perturbadora con las reuniones realizadas con los paramilitares extraditados. El 13 de mayo de 2011, se hurtaron dos memorias USB de la casa del Secretario Ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una de las cuales contenía información sobre las reuniones con los paramilitares extraditados . Pocos días después otros dos integrantes de las reuniones (la Directora Ejecutiva de Consejería en Proyectos, PCS, y el Presidente del Colectivo de Abogados, CCAJAR) denunciaron la intercepción ilegal de sus conversaciones privadas . Por último – y es de suma preocupación – son las aseveraciones públicas del ex presidente Álvaro Uribe. En agosto de 2011, el ex presidente manifestó que los que fueron a dialogar con los paramilitares extraditados (mencionando explícitamente a Iván Cepeda) sólo lo hicieron para “enlodar” su nombre, que el CCAJAR es “defensor de terroristas”, que Piedad Córdoba es “enemiga de la patria” [1] y que hay una “confabulación entre las personas que yo extradité y sus víctimas para maltratarme” [2]. Lo interesante en el caso del ex presidente es que los señalamientos más contundentes en contra de él y su familia han llegado desde los paramilitares no extraditados [3].

  

[1] Revista Semana, 20 de agosto de 2011: http://www.semana.com/nacion/uribe-tablero/162754-3.aspx

[2] El Tiempo, 18 de agosto de 2011: http://www.eltiempo.com/politica/uribe-en-la-comision-de-acusaciones-por-chuzadas_10174652-4

 [3] Por ejemplo lo que ha dicho José Gelves Albarracín, alias ´el Canoso´ sobre los nexos paramilitares hijos de Álvaro Uribe y los señalamientos de Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’ acerca del actuar paramilitar del mismo ex presidente.

 

Carta a Michael Mukasey, Fiscal General de EEUU sobre pre-acuerdo de los extraditados ´Cuco Vanoy´ y ´Gordo Lindo´, 7 octubre de 2008

En esta carta la Comisión Colombiana de Juristas expresa su preocupación sobre el hecho de que los pre-acuerdos entre los extraditados, Ramiro Vanoy Murillo, alias ´Cuco Vanoy´ y Francisco Javier Zulaga Lindo, alias ´Gordo Lindo´, y el Gobierno de los Estado Unidos, no condicionan la rebaja de pena a la cooperación duradera a los procesos judiciales en Colombia, ni toman en cuenta los derechos de las víctimas colombianas a la verdad, justicia y reparación en relación con los "innumerbales violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por grupos paramilitares bajo el mando de los individuos extraditados".

Autor: Comisión Colombiana de Juristas.

Carta al Juez estadounidense, Michael Moore, sobre el pre-acuerdo de los extraditados ´Cuco Vanoy´ y ´Gordo Lindo´, 7 de octubre de 2008

Autor: Comisión Colombiana de Juristas

Carta al Fiscal General del Departamento de Justicia de EEUU, Eric Holder, 23 de febrero de 2009

En esta carta, varias organizaciones defensores de las víctimas expresan sus preocupaciones sobre la extradición de Éver Veloza García, alias ´HH´ a Estados Unidos, y piden que Eric Holder insista en que el Gobierno colombiano defiera la entrega del paramilitar hasta que se hayan satisfecho los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

´Justicia en Colombia primero, extradición después´, 31 de julio de 2008

Se manifiesta las preocupaciones sobre la inminente extradición del paramilitar Éver Veloza García, alias ´HH´, cuyos aportes a la verdad detrás de la estructura paramilitar han sido muy importantes.

Autor: Comisión Colombiana de Juristas.

Madres de la Candelaria, línea fundadora

Antes del 13 de mayo de 2008, algunas víctimas habían podido realizar manifestaciones ante las audiencias de los jefes paramilitares, y habían buscado reunirse con algunos de ellos para recibir información sobre sus familiares desaparecidos, algo que se paralizó con las extradiciones.

 

Una de las integrantes de Madres de la Candelaria, Línea Fundadora le escribió una carta a ‘Don Berna’ y recibió respuesta sobre el paradero de algunos de sus familiares, y un grupo grande de padres y madres visitaron la cárcel de Itagüí para reunirse con varios de los paramilitares que luego serían extraditados, para exigirles la verdad.

Autor: María Teresa Ronderos, Fundación Síntesis.

Lucha de las víctimas se muda a EEUU, 25 de julio de 2008

Dos abogadas internacionales especializadas en derechos humanos anuncian que defenderán los derechos de las víctimas en los juicios contra siete de los catorce paramilitares colombianos extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008.

Autor: IPS Noticias.

´Victimas colombianas interponen demanda contra líder paramilitar y narcotraficante por crímenes contra la humanidad´, 1 de julio de 2010

Autores: The center for Justice and Accountability; Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Aventura de una víctima del paramilitarismo en tribunales norteamericanos

La Corporación Jurídica Libertad (CJL) ha trabajado en conjunto con la Clínica de Derecho Internacional para emplear el Crime Victims´ Rights Act (CVRA) durante la audiencia para sentenciar a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, dentro de su proceso por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos.  El objetivo era lograr la intervención directa de una víctima (la madre de un joven desaparecido durante la “Operación Orión” ) en el proceso penal, demostrando el vínculo entre los delitos de narcotráfico, por los cuales alias ‘Don Berna’ estaba siendo procesado, y el actuar paramilitar que había dado lugar a la desaparición de su hijo.

 

Como resultado del litigio civil emprendido por la víctima y sus representantes de la CJL y la Clínica de Derecho Internacional, se logró que el 4 de marzo de 2008 el Juez Richard Berman difiriera su decisión sobre la admisibilidad de la CVRA y sobre la sentencia de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ´Don Berna´ durante 45 días,  para que durante este tiempo el paramilitar extraditado tuviera la oportunidad para aportar eficazmente a la verdad, justicia y reparación dentro del proceso de Justicia y Paz en Colombia. Esta voluntad no se vio reflejada en las autoridades colombianas porque durante estos 45 días la fiscalía colombiana no citó a ‘Don Berna’ a rendir versión libre e incluso la Fiscalía y Acción Social dieron constancias escritas a la defensa de ´Don Berna´ para demostrar su “compromiso” con el proceso de Justicia y Paz. Al acabar los 45 días, el Juez Berman no encontró establecidas las condiciones para reconocer a la víctima como tal en el marco del CVRA- mayoritariamente por dificultades en satisfacer los requisitos de la ley en cuanto a la conexión directa entre las acciones del acusado y el crimen sufrido por la víctima -  y de allí no se pudo permitir la intervención de la víctima o sus representantes, para que se tomara en cuenta sus manifestaciones en el momento de sentenciar a alias ´Don Berna´.

 

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Empleo del Alien Tort Claims Act contra multinacionales acusadas de financiar el paramilitarismo

La firma de abogados Conrad & Scherer y la ONG Earth Rights International (ERI) han empleado el Alien Tort Claims Act, ATCA (Ley de Reclamación por Agravias contra Extranjeros) para demandar a corporaciones registradas en los Estados Unidos que han sido implicadas en el actuar paramilitar en Colombia. En el caso en contra de la compañía Drummond, una multinacional que se ha involucrado en la minería en Colombia, Conrad & Scherer representa a 462 familiares de víctimas asesinadas por paramilitares que fueron, según evidencia la firma de abogados, financiados por la empresa; y en el caso en contra de Chiquita Brands Internacional, otra multinacional con una larga historia en Colombia, tanto ERI como Conrad & Scherer representan a familias de las víctimas de los grupos paramilitares que fueron supuestamente financiados, armados e incluso incentivados por la empresa.

 

Avances recientes incluyen, en el caso de Drummond, el pronunciamiento de una corte de apelaciones aceptando que los hijos de las sindicalistas colombianos de la Drummond, Valmore Locarno, Victor Hugo Oscarsita y Gustavo Soler Mora, asesinados por paramilitares, inicien un juicio en contra de la empresa  y, en el caso de Chiquita Brands, una corte distrital negó la pretensión de la compañía de rechazar la demanda de las víctimas y permitió que procediera el caso en su contra por ejecuciones extrajudiciales, tortura, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

 

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