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Contexto caso Curvaradó y Jiguamiandó

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Los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, ubicados en el municipio de Carmen del Darién (departamento de Chocó), están integrados por cerca de 200 familias, y tienen una disputa por su territorio colectivo en contra de particulares y empresas –entre ellas Urapalma S.A., que han entrado a sus tierras explotándolas mediante cultivos de palma de aceite y zonas de ganadería. En procura de poder vivir y trabajar tranquilamente en su territorio, han emprendido una serie de acciones que incluyen diálogos con el gobierno nacional, departamental y municipal, además de la implementación de diferentes acciones legales.

Algunos datos del municipio

Según el censo de 2005 —DANE— Carmen del Darién cuenta con una población aproximada de 5111 habitantes. El promedio de personas por hogar es de 4,4. Del total de la población, el 52,2% son hombres y el 47,8% mujeres. La mayoría de la población es negra, mulata o afrocolombiana (66,9% ). En educación, el 48,9% de la población ha alcanzado el nivel básica primaria; el 16,9% ha alcanzado secundaria y el 1,3% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 25,2%. El 21,9% de la población de 5 años y más y el 28,9% de 15 años y más, no sabe leer y escribir.

Según información de la alcaldía del municipio de El Carmen del Darién (datos de febrero de 2009) "La proporción del NBI en el Chocó es de 82.8%, mientras en el país es de 45.6%. Ningún Municipio alcanza el promedio nacional en cuanto a servicios básicos. Las cifras no solo reflejan las deficiencias e irregularidades en cuanto a la prestación del servicio sino la carencia absoluta de él para una parte importante de la población".

Breve presentación de la disputa por el territorio

En el año 2000, el INCORA adjudicó 46.084 hectáreas al Consejo Comunitario de Curvaradó y 54.973 hectáreas al Consejo de Jiguamiandó como territorios colectivos. Pese a ello, las familias que habitan estos territorios han sido víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos tales como amenazas, homicidios y desplazamiento forzado, hechos que ocasionaron la toma de medidas provisionales de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para al menos 161 familias.

Como un medio para proteger sus vidas, casi todos los pobladores se trasladaran a zonas humanitarias y de biodiversidad. Existen cinco zonas humanitarias y veintitrés zonas de biodiversidad en Curvaradó y cuatro zonas humanitarias y ocho zonas de biodiversidad en Jiguamiandó, en las que se encuentran cerca de 211 familias.

Las comunidades han debido enfrentar, entre otras situaciones, el nombramiento de personas ajenas a los intereses de la comunidad, como fue el caso de Germán Marmolejo quien fue reconocido como representante del Consejo comunitario de Curvaradó, y de quien se dice, es aliado de los palmicultores interesados en la explotación de la zona. Después de diferentes acciones, el señor Marmolejo dejó de ser reconocido como el vocero de la comunidad de Curvaradó.

Han tenido también triunfos jurídicos como la sentencia 0073 del Tribunal Administrativo del Chocó quien en octubre de 2009 ordenó la entrega y devolución de los territorios por parte de los ocupantes a los legítimos propietarios. Este fallo estuvo precedido del auto 227 de 2009 en el cual la Corte Constitucional dirimió el problema de competencias suscitado por la tutela entre el Tribunal Administrativo del Chocó y un juzgado municipal en Santa Marta.

Pese a las distintas órdenes judiciales, los territorios colectivos siguen ocupados por personas ajenas a la comunidad y la situación de amenaza a la violación de sus derechos persiste. Por ello, el 18 de mayo de 2010, se emitió un auto mediante el cual se adoptaron medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, víctimas del desplazamiento forzado, "al constatar la grave situación de riesgo, así como de amenaza que se cierne sobre éstas comunidades, las cuales vienen siendo sometidas a hostigamientos, señalamientos y persecución, todo lo cual hacía necesario adoptar medidas de prevención y de protección a la vida e integridad personal y frente a posibles nuevos desplazamientos".

En el auto de seguimiento 384 de 2010, se amplió el plazo contemplado en el auto de mayo de 2010, pues la realización de actividades tales como el censo, el proceso de caracterización y la realización de la asamblea de elección de los representantes de la comunidad de Curvaradó, para avanzar en la restitución efectiva de los territorios colectivos, resultaba corto.

Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiando, han expresado diferentes preocupaciones por el censo establecido en cumplimiento del auto, pues para ellos, solo las familias que habitualmente han estado en el territorio deben ser beneficiarias de la tierra. De la misma forma, existe otra inquietud asociada con la gran cantidad de familias afrocolombianas que están llegando al territorio para ser censadas y por tanto, tener derecho a las tierras.

Para octubre de 2011, se avanza en el censo de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, faltando todavía otras acciones en este sentido. Las comunidades siguen manifestando ser víctimas de amenazas y actos de violencia sin que aún les haya sido restituido su territorio.