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Contexto caso La Toma

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El corregimiento de La Toma, localizado en el municipio de Suárez (departamento de Cauca), es escenario de una disputa por el control de tierras ricas en recursos naturales, incluidos los minerales como el oro. La población afro descendiente que habita en el municipio, reconocido como territorio ancestral, ha practicado la minería artesanal durante décadas. Sin embargo, la llegada de multinacionales y la entrega de licencias mineras a particulares por parte de INGEOMINAS, ha puesto en riesgo la subsistencia de cerca de 1300 familias que viven de esta práctica.

Algunos datos del municipio

Según el censo de 2005 –DANE— , el promedio de personas por hogar en Suárez es de 4,3; del total de la población del municipio, el 52,1% son hombres y el 47,9% mujeres. "El 56,3% de la población residente en Suárez ha alcanzado el nivel básica primaria; el 18,2% ha alcanzado secundaria y el 1,7% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 18,3%". Las principales actividades económicas del corregimiento de La Toma se enfocan en la agricultura, piscicultura y minería artesanal que "se explota principalmente el oro de dos maneras: filón (en la zona del Carmen y Carolina) y aluvión (en el río Ovejas); en la vereda el Hato se extrae a menor escala".

Breve presentación de la disputa por el territorio

El Consejo Comunitario del corregimiento La Toma, ha realizado diferentes acciones que tienen como propósito el cese de las actividades de exploración y explotación minera realizadas, incluso con licencias, por personas ajenas a la comunidad afro colombiana del municipio. En procura de estos resultados, el Consejo Comunitario ha dialogado con las autoridades de los ámbitos municipal, departamental y nacional y ha emprendido diferentes acciones jurídicas.

Una de las disputas en este territorio tiene como origen la concesión minera para la explotación aurífera otorgada al señor Héctor Jesús Sarria, mediante licencia BFC-021 cuya vigencia está comprendida desde el 27 de junio de 2007 hasta el 26 de junio de 2017, en un área de 99 hectáreas y 6507m2 en el Municipio de Suárez, Cauca. Para el Consejo Comunitario, era un requisito ineludible la realización de la consulta previa, libre e informada a la comunidad, requisito que debía surtirse antes de otorgar la licencia minera.

El señor Sarria, amparado por las órdenes dadas por INGEOMINAS y la Corporación Regional del Cauca –CRC— solicitó ante las instancias competentes, el desalojo de los mineros ilegales del área señalada en la licencia BFC-021. En vista de que este trámite no se surtió, acudió a una acción de cumplimiento para lograr su propósito. La diligencia de desalojo fue aplazada varias veces, hasta que fue suspendida por la sentencia T- 1045 A de 2010.

En contra de la orden de desalojo, el Consejo Comunitario enfatizaba en que en el título minero otorgado al señor Sarria, se había dejado constancia que en el área del proyecto no existía población indígena ni población negra. A este respecto la Defensoría del Pueblo, que ha acompañado muchas de las acciones del Consejo Comunitario, señaló: "La verdad es que a escasos 50 metros, se encuentra otra población afro, la del Corregimiento de Mindala y por supuesto la del Corregimiento de La Toma, el más grande y el más poblado del municipio de Suárez, con el 100% de la población Afrodescendiente". Estas manifestaciones, junto con la falta de la realización de la consulta previa, exigida por la ley, fueron parte de la batería de razones presentadas por el los habitantes de La Toma, en acción de tutela fallada en su contra en las dos instancias en las que se surtió el trámite.

Durante el trámite de la licencia ambienta, el señor Sarria adujo que no era necesario realizar la consulta previa puesto que no había grupos étnicos en el área identificada en la licencia BFC-021. Después de diferentes trámites, y de haberle sido otorgada la licencia ambiental, la Corporación Regional del Cauca, adelantó acciones para suspender y/o revocar esta licencia, hasta tanto no se realizara la consulta previa.

Adicionalmente, la Cooperativa de Mineros de Suárez, Cauca, en mayo 26 de 2010 requirió la acreditación de que viene adelantando trabajos mineros en el corregimiento La Toma ante INGEOMINAS, Cali. Esta solicitud se encuentra en trámite. Para la Corte Constitucional, existe el derecho de prelación de dicha comunidad afrodescendiente, a quien se le deberá otorgar la licencia ambiental, si cumple con el lleno de los requisitos exigidos en esta materia.

El 14 de diciembre de 2010, la Corte Constitucional mediante fallo T-1045 A de 2010, revocó la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmaba la adoptada por el Tribunal Superior de Popayán y en su lugar tuteló derechos fundamentales al debido proceso y a la consulta previa de la comunidad de La Toma.

Dentro de las órdenes impartidas la Corte, además de exigir el trámite de la consulta previa para la comunidad de la Toma, ordenó a INGEOMINAS, abstenerse de otorgar o suspender, según el caso, "la o las licencias de explotación minera en el proyecto del señor Héctor Jesús Sarria o cualquier otro en el corregimiento La Toma de Suárez, Cauca, hasta tanto se realice, de manera adecuada, la consulta previa ordenada en esta sentencia y se expida, en su momento legal y si hubiere lugar, la licencia ambiental respectiva". Mientras se cumplen las órdenes impartidas por el fallo, en el corregimiento de La Toma los habitantes han denunciado la entrada de maquinaria para la explotación del oro, de la mano de "Los Rastojos"y "Las Águilas Negras" quienes tienen presencia en la zona. De igual manera han expresado su preocupación por las amenazas de que vienen siendo objeto algunos de los líderes y habitantes de la zona.

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