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Sentencia C-099-13. Colombia, 27 de febrero de 2013

Autor: Corte Constitucional, MP. María Victoria Calle    

La reparación administrativa puede ser adecuada en algunos casos pero no “en los eventos en que se trata de daños antijurídicos causados por crímenes de lesa humanidad, tales como tortura, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y violaciones, entre otros, o cuando concurran en una misma víctima varios de estos hechos y éstos sean atribuibles a agentes del Estado” Por ello, se condiciona la exequibilidad de los incisos 2º y 3º y del parágrafo 1º del artículo 132 de la lay 148 de 2011.

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http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c%2D099%2D13.htm    

Reparación administrativa, Restitución de tierras, Crímenes de lesa humanidad

Decreto 0698 de abril de 2013, Colombia, 12 de abril de 2013

Por el cual se reglamenta la transferencia de bienes inmuebles con declaratoria de extinción de dominio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

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Restitución de tierras, Extinción de dominio

Resolución 240 de 2011. 24 de agosto de 2011

Por la cual se adoptan disposiciones en virtud del Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011.

Autor: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/resolucion_240_2011.pdf

Derecho a la reparación - Conflicto armado - Restitución de tierras

Ley 1454 de 2011. 28 de junio de 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43210#0

Ordenamiento territorial - Descentralización - Comisión de ordenamiento Territorial

Resolución 18081 de 2011. 19 de mayo de 2011

Por medio de la cual se determina el alcance de las inspecciones de fiscalización en campo, se fijan las tarifas, el procedimiento para su cobro, y se adoptan otras determinaciones.

Autor: Ministerio de Minas y Energía.

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas_minas.jsp?parametro=2543&;site=27

Títulos mineros - Autoridad minera - Fiscalización

C-367-11. 11 de mayo de 2011

Indicó la Corte que, en tanto la Ley 1382 de 2010,  ya había sido analizada por esa Corporación “en relación con los mismos cargos que consisten en la omisión de la garantía del derecho de consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes, es claro que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, y por lo tanto debe la Corte limitarse a disponer en la parte resolutiva, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-366 de 2011 que declaró la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Juan Carlos Henao.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-367-11.htm

Código de Minas - Autoridad minera - Minería tradicional

C-366-11. 11 de mayo de 2011

Se declaró inexequible, la Ley 1382 DE 2010 ´Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”, ya que ésta contiene decisiones legislativas que inciden directamente en la exploración de recursos mineros en los territorios de las comunidades étnicas, por tanto, su expedición debió estar precedida de espacios de participación para dichos pueblos, en los términos del parágrafo del artículo 330 C.P. y los artículos 6° y 15 del Convenio 169 de la OIT. Es decir, por tratarse de medidas legislativas que afectan directamente a las comunidades indígenas, debieron someterse al trámite de consulta previa.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-366-11.htm

Código de Minas - Comunidades indígenas - Comunidades afrodescendientes - Consulta previa

T-267-11. 8 de abril de 2011

La Corte decidió inaplicar las decisiones que anularon el proceso de extinción del derecho de dominio solicitado por la comunidad de Las Pavas. Esto es que, de presentarse procesos de restitución de la posesión, sea judiciales o policivos acorde con los Decretos 2303 de 1989 y 747 de 1992 respectivamente, se deberá tener en cuenta que se encuentra en curso un procedimiento administrativo a cargo del INCODER, quien deberá  retomar y continuar el proceso de extinción de dominio privado sobre los predios “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios quiere”, teniendo en cuenta las decisiones y los parámetros adoptados en esta sentencia. Deberá también el INCODER continuar con el proceso de clarificación de tierras baldías cuidando las normas del debido proceso tanto de las sociedades propietarias como de los campesinos accionantes.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Mauricio González Cuervo.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/queryARchi.idq?CiMaxRecordsPerPage=100&;TemplateName=queryArchi&CiSort=rank%5Bd%5D&relatoria=%2Frelatoria&CiScope=%2F&CiRestriction=T-267-11

Derecho a la propiedad - Vida digna - Derecho al trabajo - Conflicto armado interno - Población desplazada

Decreto 1160 de 2010. 18 de julio de 2010

Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007, en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural y se deroga el Decreto 973 de 2005.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0

Vivienda de interés social rural - Subsidio familiar

T-547-10. 1 de julio de 2010

“La sentencia no cuestionó la validez de la Resolución 1298 de 2006 mediante la cual se expidió la licencia ambiental a la empresa BRISA S.A. para el proyecto denominado “Construcción y Operación de la Fase 1 del ‘Puerto Multipropósito de Brisa’,” localizado en jurisdicción del Municipio de Dibulla, Corregimiento de Mingueo, Departamento de la Guajira, pero indicó que se debía llevar a cabo la consulta previa, no ya sobre la licencia ambiental, sino en relación con sus impactos y la manera de evitarlos o mitigarlos. Para ello dispuso la suspensión de las obras que se adelantan y la simultanea realización de un proceso de consulta por un periodo de 60 días ampliable hasta 90”.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t%2D547%2D10.htm

Integridad étnica y cultural - Consulta previa - Licencia ambiental - Territorio indígena

Decreto 2372 de 2010. 1 de julio de 2010

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39961#0

Áreas protegidas - Conservación - SINAP

T-423-10. 25 de mayo de 2010

La Corte concedió tutela en un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, al considerar que se violó el derecho al debido proceso del querellado, en este caso, cuando tanto el Alcalde como la Inspectora de Policía de Maní, aplicaron una normatividad subrogada y modificada por el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), en el trámite que realizaron.

Autor: Corte Constitucional. M.P. María Victoria Calle Correa.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-423-10.htm

Lanzamiento por ocupación de hecho - Autoridades de policía - Proceso policivo

Resolución 180743 de 2010. 4 de mayo de 2010

Por medio de la cual se establece y adopta la minuta de contrato de concesión minera.

Autor: Ministerio de Minas y Energía.

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas_minas.jsp?parametro=2210&;site=27

Contrato de concesión minera - Minuta

Resolución 180602 de 2010. 12 de abril de 2010

Por la cual se dictan instrucciones a las Gobernaciones Delegadas para la Administración del Recurso Minero.

Autor: Ministerio de Minas y Energía.

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas_minas.jsp?parametro=2477&;site=27

Recaudos recursos económicos - Metas y estándares

C-241-10. 7 de abril de 2010

La Corte se inhibió de decidir el fondo de una acción pública dirigida contra el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, por cuanto la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, tanto para predios rurales como urbanos, prescrita en artículo 15 demandado fue subrogada y modificada en sus alcances por el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), que reguló íntegramente la materia  que se refería esta disposición.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-241-10.htm

Función de policía - Orden público - Tenencia - Acción de lanzamiento

T-769-09. 29 de octubre de 2009

“La Corte resolvió proteger los derechos al debido proceso, a la consulta previa y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de las comunidades afectadas por la actividades de exploración y explotación que se estuviesen adelantando o se fuesen a adelantar, en desarrollo del contrato de concesión denominado Mandé Norte, para la exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, en los departamentos de Antioquia y Chocó. En esa sentencia la Corte dispuso suspender todas las actividades y el trámite de todas las licencias de exploración y de explotación minera en el proyecto Mandé Norte, hasta que no finalizasen  a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y se realizase la consulta previa en los términos señalados en la sentencia”.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Nilson Pinilla.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t%2D769%2D09.htm

Consulta previa - Comunidad indígena - Explotación de recursos naturales

C-615-09. 2 de septiembre de 2009

“La Corte declaró la inexequibilidad de la Ley 1214 de 2008, por medio de la cual se aprobaba el “Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, por considerar que se había incumplido con el requisito de la consulta previa a las comunidades indígenas en lo que atañe a leyes aprobatorias de tratados internacionales.”

Autor: Corte Constitucional. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c%2D615%2D09.htm

Consulta previa - Tratados internacionales - Control de constitucionalidad

Decreto 2809 de 2009. 29 de julio de 2009

Por medio del cual se reglamenta el artículo 248 de la Ley 685 de 2001.

Autor: Ministerio de Minas y Energía.

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas_minas.jsp?parametro=1973&;site=27

Proyectos mineros especiales - Proyectos de reconversión - Contratos de concesión minera

C-175-09. 18 de marzo de 2009

La Corte declaró inexequible la Ley 1152 de 2007, “por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,  Incoder, y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta que se omitió realizar el procedimiento de consulta previa ya que la la ley es “un régimen general y sistemático en materia de uso y aprovechamiento de los territorios rurales, (i) no resulta viable diferenciar entre las normas que afectan directamente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto, amén de la posibilidad que en casos concretos cualquier disposición del EDR contraiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su inexequibilidad, de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y tribales, generaría un régimen discriminatorio en contra de los mismos, puesto que contribuiría a un déficit de protección jurídica, contrario a los derechos que la Constitución reconoce a dichas minorías étnicas”.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c%2D175%2D09.htm

Estatuto de desarrollo rural - Consulta previa - Grupos étnicos

T-154 de 2009. 12 de marzo de 2009

La Corte  Negó la acción de tutela presentada por los Cabildos Gobernadores de los resguardos indígenas Kogui, Kankuano, Arhuaco y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes consideraban que la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA), para la construcción de la presa del cercado y el distrito de riego del río Ranchería, se expidió sin que la consulta convocada para el efecto se hubiese ceñido a los términos definidos para garantizar el derecho fundamental a la participación de los pueblos indígenas, según el artículo 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional. Esto por cuanto la acción se presentó dos años más tarde rompiendo el principio de inmediatez que debe acompañar esta acción.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Nilson Pinilla.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t%2D154%2D09.htm

Consulta previa - Comunidad indígena - Integridad cultural

T-1104-08. 6 de noviembre de 2008

Señala la Corte que, en el caso de este proceso, la orden de lanzamiento por ocupación de hecho adoptada por la Alcaldía Municipal de Orocué, dentro de la querella policiva,  la discusión jurídica relacionada con el funcionario competente para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho de inmueble rural, descansa sobre un problema de interpretación de la ley, que por presentarse dentro de los marcos de razonabilidad y motivación, no es susceptible de ser corregido por vía de tutela.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-1104-08.htm

Proceso policivo - Lanzamiento en predio rural - Ocupación de hecho

Decreto 2345 de 2008. 26 de julio de 2008

Por el cual se adoptan medidas para la presentación de propuestas de contratos de concesión a través de medios electrónicos.

Autor: Ministerio de Minas y Energía.

http://www.minminas.gov.co/minminas/kernel/usuario_externo_normatividad/form_consultar_normas_minas.jsp?parametro=1688&;site=27

Contrato de concesión - Catastro minero colombiano - Medios electrónicos

C-461-08. 14 de mayo de 2008

Para la Corte, “Una lectura detenida de las distintas disposiciones contenidas en la Ley 1151 de 2007 revela que éstas prevén varios proyectos susceptibles de incidir de manera directa y específica sobre pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes que residen en las zonas donde estos habrán de ser ejecutados. En efecto, varios proyectos y programas incluidos dentro del Plan Nacional de Inversiones, o resaltados por su importancia dentro de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, incidirán directa y específicamente sobre distintos grupos del país –independientemente de si su impacto será benéfico o perjudicial, cuestión cuya determinación atañe a las comunidades étnicas –indígenas o afrodescendientes- potencialmente afectadas en ejercicio de su autonomía y sus derechos colectivos. Es claro para la Corte que, respecto de cada uno de estos proyectos individuales, sí existe una obligación estatal específica de realizar consulta previa, en su integridad y con pleno cumplimiento de los requisitos constitucionales precisados por la jurisprudencia constitucional”.

Autor: Corte Constitucional. M.P Manuel José Cepeda Espinosa.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-461-08.htm

Plan nacional de desarrollo - Grupos étnicos - Consulta previa - Convenio 169 de la OIT

C-030-08. 23 de enero de 2008

La Corte reiteró el derecho de las comunidades étnicas y tribales a la participación, y, más específicamente, a ser consultadas en los asuntos que puedan afectarlas. Este derecho se encuentra desarrollado en el Convenio 169 de la OIT. “De este modo, todos los colombianos, incluidos los pueblos indígenas y tribales, en igualdad de condiciones, tienen derecho, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40 de la Carta, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y tienen a su disposición los instrumentos de participación que se han previsto en el artículo 103 del mismo ordenamiento, no sólo los que corresponden a los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía –el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato- sino también los que surgen de la posibilidad, prevista en el inciso segundo del artículo 103, de articularse libremente, con el apoyo del Estado, para la promoción de sus intereses, en asociaciones que tengan por objeto constituir mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación.”

Autor: Corte Constitucional. M.P Rodrigo Escobar Gil.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-030-08.htm

Comunidad indígena - Convenio 169 de OIT - Consulta previa

T-821-07. 5 de octubre de 2007

La Corte señala que “la protección de la tierra de las personas desplazadas por grupos paramilitares o guerrilleros es probablemente uno de los asuntos en los cuales las autoridades han dejado de hacer todo aquello que el derecho constitucional les obliga. En  efecto, como ya lo ha dicho la Corte la política integral dirigida a la población desplazada debe tener un enfoque restitutivo que se diferencie claramente de la política de atención humanitaria y a la estabilización socioeconómica. En este sentido, debe quedar claro que el derecho a la restitución y/o a la indemnización es independiente del retorno y del restablecimiento. Ciertamente, no sólo como medida de reparación sino como medida de no repetición de los hechos criminales que perseguían el despojo, en caso de retorno se debe garantizar a la Población desplazada la recuperación de sus bienes, independientemente de que la persona afectada quiera o no residir en ellos”.

Autor: Corte Constitucional. M.P Catalina Botero Marino.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t%2D821%2D07.htm

Población desplazada - Tierras despojadas - Reparación

Decreto 3600 de 2007. 20 de septiembre de 2007

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#0

Estructura ecológica principal - Unidad de planificación rural - Ordenamiento suelo rural

C-208-07. 21 de marzo de 2007

La Corte recordó  la obligación impuesta al Estado, de consultar previamente a los grupos étnicos cada vez que se vayan a adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, por ejemplo, para la conformación de las entidades territoriales indígenas , para la explotación de los recursos naturales en sus territorios y para  la implantación de un sistema de educación especial para los grupos étnicos,. En este sentido, el Convenio 169 de la O.I.T. prevé el mecanismo de la consulta previa, Expresó la Corte que “[e]n esa medida, no cabe duda que la consulta previa para la adopción del sistema especial de educación de los grupos étnicos es un derecho fundamental de éstos y, por tanto, debe estar presente en cualquier medida de naturaleza legislativa o administrativa que pretenda tomar el Estado en la materia; medidas que, además, deben adoptarse teniendo en cuenta las particulares condiciones de los distintos grupos étnicos, de manera que se les garantice y asegure la preservación y continuidad de sus tradiciones e historia.”

Autor: Corte Constitucional. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-208-07.htm

Comunidad indígena - Identidad cultural - Convenio 169

T-880-06. 26 de octubre de 2006

En cuanto a las actividades exploratorias de la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. en la vereda El Progreso, corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, Departamento de Norte de Santander, la Corte Constitucional indicó que se  debía realizar la consulta previa amparada por la Constitución, pues las actividades propuestas afectaban directamente al Pueblo Indígena Motilón Barí.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Alvaro Tafur Gálvis.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-880-06.htm

Consulta previa - Pueblos indígenas - Dirección de Étnias

C-117-06. 22 de febrero de 2006

“En síntesis, se puede afirmar que la Corte Constitucional frente a la función de proteger el orden público tiene como criterio de distinción: El poder de policía lo ejerce, de manera general, el Congreso de la República por medio de la expedición de leyes que reglamentan el ejercicio de la libertad cuando éste trasciende el ámbito privado e íntimo. Este poder también es ejercido en forma excepcional, por el Presidente de la República en los estados de guerra exterior, conmoción interior y emergencia. La función de policía es ejercida por las autoridades de la rama ejecutiva (como los alcaldes e inspectores) en cumplimiento de competencias determinadas por la ley. La actividad de policía es ejercida por los miembros de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su obligación de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, aplican diversos medios legítimos para prevenir y conjurar las alteraciones del orden público”.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-117-06.htm

Poder de policía - Función de policía

Decreto 097 de 2006. 16 de enero de 2006

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18764

Parcelación de predios rurales - Actuaciones urbanísticas

Decreto 4688 de 2005. 21 de diciembre de 2005

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632#19

Caza comercial - Licencia ambiental - Zoocriaderos

T-955 de 2003. 17 de octubre de 2003

“La Corte se pronunció sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y tribales, con ocasión de la tutela interpuesta por el Consejo Comunitario Mayor Cuenca Río Cacarica en contra del Ministerio del Medio Ambiente, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO y de Maderas del Darién S.A., y dispuso la suspensión de la explotación forestal que se adelantaba en el territorio colectivo de los accionantes, salvo los usos por ministerio de la ley, hasta tanto se adelantasen las consultas y la reglamentación a las comunidades negras que habían venido ocupando las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Río Cacarica “… inicialmente i) sobre el procedimiento que dichas entidades utilizarán para adelantar una consulta definitiva, y ii) definido el procedimiento[,] sobre la reglamentación, asesoría, acompañamiento y capacitación que deberá regir la explotación forestal de sus bosques colectivos, a fin de asegurar el afianzamiento de la identidad cultural, propiciar un avance en su proceso comunitario, y asegurar el beneficio de las comunidades negras, en todos los campos.”

Autor: Corte Constitucional. M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-955-03.htm

Comunidad indígena - Comunidad negra - Consejo Comunitario - Recursos naturales

C-620 de 2003. 29 de julio de 2003

“La Corte puso de presente que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 15 del Convenio 169 de 1989, adoptado por la conferencia de la OIT, “… norma que por referirse a un derecho fundamental forma parte del llamado bloque de constitucionalidad, el derecho de participación de las comunidades indígenas en la adopción de las decisiones relativas a los recursos naturales de propiedad estatal ubicados en su territorio, como es el caso de la sal de las Minas de Manaure, debe  hacerse efectivo mediante el mecanismo de la consulta previa.”

Autor: Corte Constitucional. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-620-03.htm

Recursos mineros - Comunidad indígena - Explotación de recursos naturales - Consulta previa

SU-383-03. 13 de mayo de 2003

“La Corte resaltó que las entidades accionadas adelanten el proceso de consulta, para poder establecer en qué medida los pueblos indígenas y tribales de la amazonía colombiana tienen derecho a mantener sus plantaciones, y con que alcance sus autoridades o las autoridades nacionales, según el caso, pueden reprimir el delito de plantaciones ilícitas, dentro de un ámbito territorial determinado. En efecto, sin la consulta previa no resulta posible i) maximizar el grado de autonomía que requieren los pueblos indígenas de la región para conservar su integridad étnica y cultural, ii) determinar para cuáles pueblos indígenas y tribales la coca es una planta sagrada, y deberá seguir siéndolo dadas las implicaciones que en su cultura tiene ésta conceptuación, iii ) en qué casos del cultivo de la coca depende la supervivencia del pueblo, dada la modalidad de sombrío que la plantación brinda a las otras plantaciones en algunas regiones y épocas, y iv) lo trascendente de la utilización de la planta de coca en sus prácticas curativas y rituales.”

Autor: Corte Constitucional. M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/SU383-03.htm

Comunidad indígena - Consulta previa - Cultivos ilícitos

C-891-02. 22 de octubre de 2002

“En esa sentencia la Corte se pronunció en relación con unas normas del Código de Minas que habían sido demandadas a partir de un cargo general por  la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta. Puntualizó la Corte que “… de la concepción holística de territorio que ostentan los pueblos indígenas se puede concluir que la explotación de recursos naturales yacentes en territorios ancestrales hace parte de su esfera vital y de su forma de relacionarse directamente con la naturaleza, así como de su legado cultural y socio-económico. De esta manera, el principio participativo consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política adquiere matices más intensos en relación con las comunidades indígenas.” Agregó la Corporación que “... tratándose de asuntos mineros la anterior afirmación acusa mayores connotaciones, puesto que el proceso de la minería se concibe desde ese punto de vista como un ciclo de vida integral tendiente a satisfacer las necesidades de las presentes y futuras generaciones, y por sobre todo, respetuoso del desarrollo sostenible y la integridad étnica de los pueblos.”

Autor: Corte Constitucional. M.P. Jaime Araújo Rentería.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c%2D891%2D02.htm

Derecho a la participación - Comunidad indígena - Recursos naturales

C-418-02. 28 de mayo de 2002

“La Corte se pronunció sobre la  constitucionalidad del inciso primero del artículo 122 de la Ley 685 de 2001 “por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, en el que se regulan las zonas mineras indígenas, que había sido demandado por considerar que vulneraba los artículos 1, 79 y 330 de la Constitución Política, así como los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT. La Corte resolvió declarar la exequibilidad condicionada de la disposición demandada, “…bajo el entendido que en el procedimiento de señalamiento y delimitación de las zonas mineras indígenas se deberá dar cumplimiento al parágrafo del Artículo 330 de la Constitución y al Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991.”

Autor: Corte Constitucional. M.P. Álvaro Tafur Gálvis.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c%2D418%2D02.htm

Territorio indígena - Recursos naturales - Consulta previa

Ley 685 de 2001. 15 de agosto de 2001

Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9202

Exploración y explotación - Propiedad estatal - Zonas de reserva

C-169 -01. 14 de febrero de 2001

Los pueblos indígenas tienen un derecho fundamental a ser consultados en casos particulares tales como la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas. La consulta una manifestación de su derecho fundamental -individual y colectivo- a la participación, y constituye el medio a través del cual se protegerá, en esos casos, su integridad física y cultural; en tal sentido específico, esta Corporación afirmó, en la misma oportunidad, que el Convenio 169 de la O.I.T. conforma, junto con el artículo 40-2 Superior, un bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por los artículos 93 y 94 de la Carta.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c%2D169%2D01.htm

Derecho a la participación - Comunidad negra - Comunidad indígena - Recursos naturales - Territorio

T-634 -99. 30 de agosto de 1999

La Corte resolvió no conceder la tutela que había sido impetrada como mecanismo transitorio por la Procuradora Delegada para Asuntos Etnicos, para la protección de los derechos de la comunidad indígena Arhuaca que se estimaban vulnerados por la creación, sin previa consulta, del municipio de Pueblo Bello, conformado por unos corregimientos y veredas que están dentro de la línea negra o zona teológica de dicha comunidad. Señaló la Corte que en ese caso existían otras vías judiciales: la acción popular y la contencioso-administrativa, razón por la cual la eventual afectación del derecho de consulta no era susceptible de protección por la vía de la acción de tutela.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/t%2D634%2D99.htm

Territorios indígenas - Resguardos - Consulta previa

T-652-98. 10 de noviembre de 1998

“La Corte encontró que el procedimiento para la expedición de la licencia ambiental que permitió la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I se había cumplido en forma irregular, y con violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, pues se omitió la consulta que formal y sustancialmente debió hacérsele. Para la Corte ello significaba que, no sólo resultaron vulnerados el derecho de participación (C.P. art. 40-2 y parágrafo del art. 330), el derecho al  debido proceso (C.P. art. 29), y el derecho a la integridad de este pueblo (C.P. art. 330), sino que se violó el principio del respeto por el carácter multicultural de la nación colombiana, consagrado en el artículo 7 Superior, y se venía afectando gravemente el derecho a la subsistencia de los Embera del Departamento de Córdoba (C.P. art. 11), a más de que el Estado había incumplido los compromisos adquiridos internacionalmente e incorporados al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991 en materia de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-652-98.htm

Comunidad indígena - Recursos naturales - Diversidad étnica - Consulta

Decreto 1320 de 1998. 13 de julio de 1998

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&;view=article&id=137:decreto-numero-1320-de-1998&catid=39:normas&Itemid=82

Consulta previa - Comunidades indígenas - Comunidades negras

Decreto 305 de 1998. 16 de febrero de 1998

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la ley 23 de 1973, el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 09 de 1979, en lo relativo al Uso, Comercialización y Aplicación de Algunos Productos Organoclorados.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14520#0

Uso de organoclorados - Importación - Manejo

C-536 -97. 23 de octubre de 1997

“La limitación introducida por la norma acusada sobre el tamaño transferible de la propiedad originada en una adjudicación de baldíos, no atenta contra el derecho de propiedad ni su libre enajenación. En efecto, ha sido la voluntad del legislador, la de limitar la adjudicación de baldíos, salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva del Incora, a una unidad de explotación económica denominada UAF (ley 160/94 art. 66). Por lo tanto, este límite a la adjudicación guarda congruencia con el precepto acusado, que prohíbe a toda persona adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF, precepto que consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de ésta conforme al interés público social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de "promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios…con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos".

Autor: Corte Constitucional. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-536-9

Bienes baldíos - Función social de la propiedad

Ley 388 de 1997. 18 de julio de 1997

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0

Sistema Nacional Ambiental - Ordenamiento territorial municipal - Planes de Ordenamiento Territorial

SU-039-97. 3 de febrero de 1997

En el caso de la licencia ambiental que se había conferido para adelantar exploraciones sísmicas, en desarrollo del proyecto conocido como “Explotación Sísmica Bloque Samoré”, para constatar la existencia de pozos o yacimientos petroleros, en una zona entre Saravena, Tame y Fortul en el Departamento de Arauca, Cubará en el Departamento de Boyacá, y Toledo en el Departamento Norte de Santander, dentro de la cual se encuentran resguardos indígenas y parques naturales, la Corte amparó a los accionantes señalando que no era procedente la expedición de la licencia ambiental, porque no se había cumplido el trámite de consulta con las autoridades de la comunidad U'wa, que resultaba imperativo de acuerdo, tanto con la Constitución, como con las normas ambientales y con la legislación indígena, cuando se trata de adoptar decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

Autor: Corte Constitucional. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU039-97.htm

Territorios indígenas - Consulta previa - Licencia ambiental - Recursos naturales - Requisitos consulta previa

Decreto 1385 de 1995. 18 de agosto de 1995

Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Decreto 2636 de 1994.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.google.com.co/search?q=decreto%20501%20de%201995&;ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np

Título minero - Explotación de hecho - Superposición de áreas

Decreto 501 de 1995. 24 de marzo de 1995

Por el cual se reglamenta la inscripción en el Registro Minero de los Títulos para la Exploración y Explotación de Minerales de Propiedad Nacional.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.google.com.co/search?q=decreto%20501%20de%201995&;ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np

Títulos mineros - Licencia ambiental - Aportes mineros

Ley 160 de 1994. 3 de agosto de 1994

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.google.com.co/search?q=Ley+160+de+1994%2Bconsulte+la+norma&;ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

Instituto Colombiano de Reforma Agraria - Subsidio agrario - Expropiación

Ley 99 de 1993. 22 de diciembre de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0

Política ambiental - Sistema Nacional Ambiental –SINA- Corporaciones Autónomas Regionales

Decreto 747 de 1992. 6 de mayo de 1992

Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están ocasionando la alteración del orden publico interno en algunos departamentos.

Autor: Presidencia de la República.

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1992/D0747de1992.htm

Invasión - Predios rurales - Acción policiva

Ley 21 de 1991. 4 de marzo de 1991

Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L21%20DE%201991.htm

Pueblos indígenas - Convenio 169 de la OIT

Decreto ley 2303 de 1989. 7 de octubre de 1989

Por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria.

Autor: Presidencia de la República de Colombia.

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1989/D2303de1989.htm

Jurisdicción agraria - Amparo de pobreza - Procurador Agrario

Decreto 704 de 1986. 3 de marzo de 1986

Por el cual se Reglamenta Parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de 1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al Uso, Comercialización y Aplicación del D.D.T.

Autor: Presidencia de la República de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14521#0

Uso del D.D.T. - Comercialización - Transporte

Decreto 1715 de 1978. 4 de agosto de 1978

Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto- Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje.

Autor: Presidencia de la República de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8578#0

Protección de paisajes - Vallas y anuncios

Decreto 1608 de 1978. 31 de julio de 1978

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Autor: Presidencia de la República de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241#0

Recursos naturales renovables - Protección de fauna silvestre - Aprovechamiento

Decreto 2811 de 1974. 18 de diciembre de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Autor: Presidencia de la República de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0

Política ambiental - Recursos naturales no renovables - Servicio Nacional Ambiental

Decreto 1355 de 1970. 4 de agosto de 1970

Por el cual se dictan normas sobre Policía.

Autor: Presidencia de la República de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6945

Derecho a la propiedad - Posesión

Ley 2 de 1959. 16 de diciembre de 1959

Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021

Zonas forestales protectoras - Reservas forestales - Explotación de bosques

Ley 200 de 1936. 19 de diciembre de 1936

Sobre régimen de tierras.

Autor: Congreso de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16049

Bienes baldíos - Predios rurales - Propiedad privada

Decreto 922 de 1930. 21 de junio de 1930

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y se deroga el Decreto 515 de 1923.

Autor: Presidencia de la República de Colombia.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16048

Tenencia de tierra - Bienes baldíos - Lanzamiento

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